La noción de que el CAE representaría costo fiscal solo en casos aislados de ‘siniestro' (aquel evento indeseable con baja probabilidad de ocurrencia), y que la garantía estatal rebajaría los costos financieros de endeudamiento abriendo el acceso a la educación superior a vastos sectores medios, terminó siendo una historia parcialmente verdadera, aunque también un tanto siniestra, y no necesariamente por los ‘siniestros' educacionales.

La deserción y el retraso académico de muchos estudiantes terminaron haciendo del ‘siniestro' una situación más frecuente, incrementando los costos fiscales ostensiblemente y también un alto nivel de endeudamiento de quienes utilizaron el sistema.

Aunque el CAE pretendió acotar el riesgo de endeudar a personas más proclives al ‘siniestro' (aquellas con baja efectividad de lograr rendimiento académico adecuado) a través de establecer una garantía académica que otorgan las instituciones de educación superior en caso de deserción de los estudiantes que matriculan, el instrumento no surtió el efecto buscado. Ello, porque la deserción, ya sea como resultado de una fracción de los estudiantes que se cambian de carrera o bien de quienes enfrentan sucesivos retrasos académicos, o bien son eliminados de sus carreras, no gatillan la citada garantía suscrita. ¿La razón? Los estudiantes, por un lapso, siguen dentro del sistema, incrementando la deuda, y las instituciones de educación superior, recibiendo esos recursos.

El sistema generó una aparente no siniestralidad de ciertos estudiantes que a la larga terminaron abandonando sus estudios o retrasándose académicamente. En el interim, se diluyó ostensiblemente la responsabilidad de las instituciones de educación superior de educar a quienes están en condiciones para concluir exitosamente su experiencia educativa. De ese modo, la garantía académica que suscribieron formalmente fue inefectiva y, de paso, el Estado terminó asumiendo el costo de la deuda impaga de un conjunto de deudores morosos que ha sido mucho más amplio de lo que inicialmente se presupuestó.

No me parece muy edificante sugerir que el CAE ha generado incentivos perversos en algunas instituciones de educación superior a sobrematricular estudiantes. Ellas contaron con pocos incentivos para verificar si los estudiantes disponían de condiciones apropiadas para rendir académicamente. En la práctica, no hubo incentivos poderosos para inhibirse de matricular estudiantes que a la larga desertarían.

Algunos podrán sugerir que algo similar pudo ocurrir en estudiantes que se sabían ‘riesgosos', y no se inhibieron de tomar el crédito y estudiar. A mí no me parece apropiado sindicar como responsables a quienes buscan mejorar sus posibilidades de vida, comparado con quienes se dedican a impartir servicios de educación y que cuentan con medios para discriminar y seleccionar a estudiantes con diferentes propensiones y atributos para los estudios.

Si además del incentivo a sobrematricular agregamos la facultad de algunas instituciones de fijar libremente sus aranceles, así como el volumen de su matrícula, además de no estar sujetas a estándares de transparencia activa y controles diversos como tienen entidades públicas de educación, no me extraña que algunas representen disconformidad con la propuesta del FES. El FES sincera la calidad de público que de facto ha sido el CAE. En esa calidad, el proyecto hace bien en poner ciertos controles parecidos a los de instituciones públicas de educación superior. Con ello se evita “competencia desleal” entre instituciones públicas y privadas, y principalmente establece controles a la fuente que gatilla las transferencias desde el erario fiscal.

Uno de los mayores desafíos del FES (y gratuidad) para evitar generar costos indeseables en las instituciones de educación superior, que cuentan con incentivos reales de inhibición de sobrematricular, es que el fisco pague oportunamente. Que el nuevo sistema contraiga la matrícula entre quienes no se inhibieron de sobrematricular, no tienen prácticas razonables de control de costos (por ejemplo, sueldo de la Sra. Cubillos), o disponen de prácticas de transparencia exigibles, es esperable y deseable.

Bernardita Escobar Andrae
Profesora Titular. FACEA &Centro de Análisis Multidisciplinar de la Incorporación Social, Universidad de Valparaíso