La propuesta del Gobierno sobre financiamiento de la educación superior (ES) obedece más al deseo de cambiar el rumbo del sistema que a la necesidad de solucionar dos problemas largamente diagnosticados. Uno, la reorganización de la deuda del CAE, con una eventual condonación en casos acotados; el otro, la revisión y puesta al día del régimen de crédito estudiantil.

En vez de solucionar estos dos asuntos, el proyecto gubernamental aspira a sustituir el financiamiento mixto —público y privado— de nuestra ES por uno de carácter casi exclusivamente fiscal. Para tal efecto extiende la gratuidad hasta el decil 9; suprime el pago compartido de los estudiantes de mayores ingresos; abandona la idea de contar con un régimen eficaz de crédito estudiantil —que sería fácil de diseñar y administrar— y, en reemplazo, crea un tributo a los graduados contingente a sus ingresos. Además, subordina el funcionamiento de este nuevo modelo íntegramente a la fijación de los aranceles por parte del Mineduc. Por último, segmenta a los estudiantes del 10% de más altos ingresos, que deberán pagar directamente sus estudios o recurrir al crédito bancario.

Este tránsito de nuestra ES, desde una economía política con financiamiento mixto y costos compartidos, a una economía política de patronazgo fiscal plantea una serie de interrogantes.

¿Pretende seguir el modelo latinoamericano de financiamiento preponderantemente estatal, con sus ciclos de inestabilidad, redes clientelares y potencial politización del sistema? ¿Busca anticipar la universalización de la gratuidad antes siquiera de haber reparado sus evidentes fallas? ¿Qué justifica experimentar con un gravoso tributo a los graduados, no usado —entiendo yo— por ningún país de la OCDE? ¿Es lógico echar por la borda la experiencia mundial con esquemas de crédito estudiantil?

En breve, estamos en un camino equivocado. Lo que debió ser una iniciativa pragmática y justa de reprogramación de la deuda del CAE y de modernización del crédito estudiantil se ha transformado en un intento por modificar las bases de economía política del sistema, con riesgos para la estabilidad y el desarrollo futuro del mismo.

¿Qué hacer, entonces?

Una alternativa razonable es separar la propuesta en dos. En lo inmediato, avanzar en la reorganización y condonación de la deuda del CAE. En paralelo, corregir las deficiencias de la gratuidad. Y rediseñar el financiamiento compartido a través de un crédito estudiantil contingente al ingreso estructurado a la luz de la experiencia internacional.

La ES chilena ha avanzado significativamente. Merece ser tomada en serio. Cualquier reforma debe continuar esa trayectoria, sin improvisar soluciones ni ensayar transformaciones que carecen de asidero en la realidad.