Señor Director:

Respecto del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento público para estudios en nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, valoramos que se entregue un plan de soluciones a los estudiantes de acuerdo a criterios de justicia en cuanto al pago que han efectuado, esto porque si bien en un comienzo estaba la idea de una condonación universal, gratamente vemos un giro en aquello, lo que permite que el país sea responsable fiscalmente.

Si bien una parte de la atención está en las fórmulas de condonación del CAE y cuánto le costará ello al país, no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación respecto del punto de la eliminación del copago por parte de los estudiantes y sus familias a las universidades, salvo el decil 10, y la regulación de los aranceles por parte del Estado.

Hay que decir que no es evidente la razón por la que una política que busca favorecer a los estudiantes, al mismo tiempo ponga en riesgo la calidad de las instituciones donde ellos estudian al disminuir sus ingresos. El proyecto nos pone en un escenario donde se da el doble efecto de beneficiar y perjudicar a la misma persona, ya que se soluciona su problema económico, pero, sin ser de suyo necesario, se afecta la calidad de la educación que recibe.

Quienes hemos implementado en estos años la política de gratuidad en nuestras universidades sabemos el esfuerzo de no solo mantener, sino incrementar la calidad académica con menos recursos; añadir un obstáculo más hará que no pocas instituciones tengan que frenar sus planes de desarrollo e incluso disminuir sus estándares de calidad para poder seguir ofreciendo sus servicios educativos.

Extrañamente se unen en un mismo texto dos situaciones de diversa naturaleza. Una es solucionar los problemas de financiamiento del estudiante, y otra, regular el financiamiento de las instituciones. De ahí surge la paradoja, que a todas luces debiera evitarse, de avanzar retrocediendo.

Cristian Nazer
Rector Universidad Finis Terrae