Los acontecimientos de 2019 y años siguientes no tuvieron una sola causa, en especial el así llamado “estallido social”. De esto nos hemos venido a dar cuenta con alguna tardanza, puesto que líderes de opinión, de lado y lado, lo mismo que analistas de medios de comunicación, se adelantaron a emitir diagnósticos apresurados, casi instantáneos, sin dejar tiempo para una mayor reflexión ni para identificar antecedentes de lo que se desató a partir de octubre de ese año.

Un estallido inusualmente violento que al poco tiempo, y como hasta hoy, se continúa mostrando con una sola cara, amenazante y furiosa: la de una seguidilla de pillajes, destrozos, incendios, vandalismo y agresiones con muy graves consecuencias para las personas más directamente involucradas. Omitimos con facilidad el hecho de que las multitudinarias manifestaciones callejeras de ese tiempo, tanto en Santiago como en regiones, tuvieron carácter pacífico, y por momentos hasta festivo, y que interpelaron sin violencia a aquella parte minoritaria de la sociedad que no conseguía entender cómo se podía protestar en un país que estaba crecientemente satisfecho consigo mismo. Esas marchas pacíficas, como las más segmentadas que hubo desde 2006 en adelante, se achacaron a la gula y no al hambre de los chilenos, a la avidez de tener más y no al derecho a conseguir lo suficiente para llevar una existencia digna. Hambre en ocasiones de alimentos, pero también de trabajos formales y remuneraciones justas por el trabajo y no descaradamente desiguales; de atención sanitaria oportuna y de calidad; de equidad tributaria y no solo de una mayor recaudación; de pensiones dignas; y de salud privada antes como servicio que como industria; o sea, de todo aquello que faltaba o resultaba insuficiente para la mayoría de la población.

El estallido se incorporó a un contexto más general de hechos que produjeron muy altos niveles de inseguridad y temor. Hubo una pandemia y una crisis económica global. Se aceleró la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas. Recrudeció vivamente la violencia armada en La Araucanía y se instaló luego el crimen organizado nacional e internacional, cuantitativamente mayor y cualitativamente más grave que lo que consideramos delincuencia común. Se produjo un claro descontrol migratorio, y tuvimos —contando el de Bachelet— tres procesos constitucionales fallidos.

Fue mucho, y mucho a la vez, y la casi simultaneidad de todos esos hechos, con independencia de su distinta índole y variadas causas, pesó mucho y al mismo tiempo sobre el país. Me refiero a “pesantez” antes que a “pesadez”. E identificados esos hechos de manera objetiva, hay que sumarles también la llegada de un gobierno democrático —el actual—, y que, a diferencia de otros, se propuso impulsar transformaciones y no simplemente reformas, ni menos ocuparse solo de la gestión de los asuntos públicos. Existen gobiernos de administración, reformistas, transformadores, revolucionarios, y solo estos últimos desconocen las reglas de la democracia. A partir de esos cuatro tipos de gobierno, desde 1990 en adelante hemos tenido de todo, salvo una revolución. Otra cosa es que sectores que hoy se declaran reformistas acusen a los transformadores de “refundacionales”, poniendo a estos casi al borde de los revolucionarios.

Independientemente de la interpretación y valoración que se haga de ellos, tales hechos cayeron a una sobre el país y el impacto fue, de hecho, muy grande, tanto como para haber perdido casi la capacidad de reaccionar y no caer en manos de un constante y creciente temor. Pero siendo ese un miedo no caprichoso, sino real, también es cierto que el giro conservador que está dando el país se encarga ahora de avivar el temor de la población, instando a ponernos en guardia constante y hasta en posición de combate.