Junto con los complejos alcances de la propuesta, el debate generado a partir del proyecto del Gobierno para terminar con el CAE ofrece una oportunidad para reflexionar sobre factores que explican en parte nuestro deterioro institucional.

Basta un escrutinio de la historia reciente para constatar que, frente a los problemas originales del sistema de Crédito con Aval del Estado, cambios realizados bajo distintas administraciones fueron mejorando estructuralmente el modelo. En particular, la fuerte reducción de las tasas de interés y un sistema de pago contingente al ingreso representaron avances significativos, implementados durante la primera administración del Presidente Piñera. Pero la intransigencia de sectores radicalizados y de grupos de interés incidió en que estos mejoramientos no fueran nunca reconocidos por una parte del mundo político. Así, la izquierda frenteamplista y el PC —aunque también otros sectores— siguieron descalificando un sistema que había evolucionado y mejorado. El rápido e irreflexivo modelo de gratuidad universitaria instaurado en la segunda administración Bachelet fue otra consecuencia de esas presiones.

Y es que los cuestionamientos al sistema de financiamiento estudiantil constituían una de las aristas del discurso sobre desmantelar los avances de 30 años que se instaló en la última década. De allí la insistencia en culpar al CAE por dificultades propias de un sistema de educación superior en pleno crecimiento. Sin reconocer sus modificaciones ni atender a la evidencia sobre el vínculo entre los problemas de calidad y las dificultades de empleabilidad de los graduados; sin reparar en que el mínimo crecimiento económico cortaría las oportunidades de trabajo, y haciendo caso omiso de las advertencias sobre continuar rigidizando el mercado laboral, esa agenda política siguió adelante y ofreció un equivocado diagnóstico para la crisis de octubre de 2019. No es raro pues que, ya en 2021, el programa de gobierno de Apruebo Dignidad planteara la “condonación universal de las deudas estudiantiles” y la “reconstrucción y expansión de la educación pública, gratuita y de calidad”. Así, con un diagnóstico no fundado en la evidencia, sino en la ideología, no asumiendo su propia responsabilidad en cuanto a los efectos que la promesa de condonación tendría y repitiendo un relato configurado hace más de una década, el actual oficialismo se comprometió a resolver los problemas de un modelo original que en los hechos, y producto de las reformas que se le han introducido, hoy ya no existe.

Por todo lo anterior, las transversales críticas expresadas por especialistas a la propuesta del Gobierno que se conoció esta semana eran esperables. Y es que la fórmula anunciada no solo parece avanzar hacia un modelo institucional anacrónico, sino que busca resolver, con las herramientas equivocadas, problemas en parte ya resueltos.

Si bien desde el Gobierno no se ha reconocido así, en la práctica se intenta implementar una suerte de impuesto sobre los ingresos de los graduados para financiar “solidariamente” la educación superior. Se plantea que acogerse a esta fórmula sería voluntario, omitiéndose los problemas de incentivos que el esquema introduce. Nada de esto es reconocido en el informe financiero adjunto. Este se funda en la idea de que, dada la alta morosidad actual —efecto de las mismas expectativas de condonación sembradas por esta administración—, el modelo propuesto —donde el pago se realizaría vía declaración de impuestos— tendría un costo fiscal menor o igual al actual; esto, soslayando que una acción más decidida del Estado en asegurar el pago del vigente CAE también tendría un significativo y positivo impacto presupuestario. Desde un punto de vista organizacional, a su vez, la propuesta entrega nuevas y poderosas herramientas al Estado para influir sobre las instituciones educacionales públicas y privadas. Esto, como se ha planteado, arriesga ahogar financiera y administrativamente a un sistema ya sofocado por la burocracia.

En lo político, sin embargo, la presentación de este proyecto es coherente con la estrategia que por más de una década ha llevado a cabo la coalición que apoya al Presidente Boric. Así, si esta deficiente iniciativa llega a rechazarse, el “enemigo” levantado por el discurso oficialista seguiría vivo y con ello la posibilidad de continuar apelando a él como recurso político. Y en caso de aprobarse —a lo que podrían contribuir sectores de oposición que desconozcan las sustanciales diferencias entre la propuesta sobre financiamiento universitario que formulara el Presidente Piñera y este proyecto—, sus negativos efectos sobre el sistema de educación superior no se verificarían necesariamente en lo inmediato. Esto permitiría extraer réditos políticos mientras se levanta un nuevo tema sobre el cual focalizar la pulsión desmanteladora.