El proyecto de financiamiento de la educación superior anunciado por el Gobierno tendrá graves implicancias para las universidades. Más allá de la mala idea de condonar parcial o totalmente el CAE, es importante entender cómo el nuevo sistema afectará a las instituciones académicas en el futuro y cómo limitará las posibilidades de las futuras generaciones.

El nuevo sistema de financiamiento representa una amenaza significativa para la calidad de las universidades, ya que tendrán definitivamente menos recursos. Actualmente, los estudiantes de los deciles 7, 8, 9 y 10 financian sus estudios a través de una combinación entre recursos de sus familias —copago—, el CAE y becas que las propias universidades otorgamos. El nuevo sistema elimina el copago, por lo que las familias ya no podrán contribuir a la educación de sus hijos. En su lugar, el Estado fijará un arancel de referencia que, como ya se ha visto con las universidades en gratuidad, es inferior al verdadero costo de las carreras. Esto hará que el sistema universitario en su conjunto tenga aún menos recursos, limitando su capacidad de desarrollarse e innovar. Porque la indispensable innovación es cara de generar. Es un proceso de ensayo y error de alto costo. Y los estudiantes recibirán, inevitablemente, una formación de peor calidad.

Hoy se requiere un ecosistema de educación superior vibrante e innovador, capaz de atraer talento y crear valor junto a emprendedores y empresas consolidadas. Eso ocurre en Silicon Valley con universidades como Stanford y Berkeley, y en Boston con Harvard y el MIT. En Chile, en vez de aspirar a eso, estaríamos nivelando hacia abajo.

El sistema propuesto también afecta gravemente la autonomía universitaria. El Estado fijará las vacantes y aranceles. Las universidades no podrán decidir qué carreras crear y cuántas vacantes ofrecer, ya que cualquier modificación deberá ser aprobada por el funcionario de turno, porque en un presupuesto público —siempre restringido— el Estado tiene miles de prioridades a las que atender. Las universidades adscritas a la gratuidad ya han experimentado estas limitaciones. Como resultado, la autonomía universitaria quedará severamente restringida, reduciendo la diversidad y calidad de la oferta educativa.

Además, como algunas instituciones no se incorporarán al nuevo sistema, terminaremos con un sistema universitario muy segregado, como ocurre hoy con la educación escolar.

Es importante destacar que el proyecto actual difiere en aspectos esenciales de la propuesta realizada años atrás por el expresidente Sebastián Piñera. A diferencia de la propuesta actual, la de la administración anterior no buscaba reemplazar el crédito por un impuesto, ni mucho menos pretendía fijar aranceles y vacantes de las universidades. Piñera nunca impulsó un impuesto a los graduados. Además, no eliminaba la posibilidad de que las familias aportaran al financiamiento de la educación de sus hijos, lo que afectaría significativamente la calidad del quehacer universitario.

Este nuevo sistema implicaría también una carga muy pesada para los jóvenes profesionales. Establece un impuesto adicional del 8% sobre los ingresos de los egresados. Esto significa que adicionalmente al 10% de cotización previsional —que podría llegar al 16% si prospera la reforma— al subsidio de cesantía (3%) y la contribución a la salud (7%), deberá sumarse un nuevo impuesto a la renta del 8%. Ese joven profesional tendría, entonces, un descuento total del 34% en su sueldo —sin contar el impuesto al trabajo— en un contexto de estancamiento económico y dificultades para acceder a buenos empleos y créditos hipotecarios.

Este impuesto a los egresados —que es una reforma tributaria mal camuflada— constituiría un obstáculo adicional para las nuevas generaciones, desincentivando el acceso a la educación superior y dificultando su desarrollo económico y personal.

En resumen, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior en Chile tendrá graves consecuencias para las universidades y para los estudiantes. Menos recursos, menos calidad, más segregación, la desaparición de la autonomía universitaria efectiva y una carga tributaria adicional para las nuevas generaciones. Es fundamental que en el debate parlamentario se consideren estos puntos, para asegurar que el sistema de educación superior en Chile no solo se mantenga, sino que se fortalezca y continúe siendo un motor de desarrollo para el país.

Federico Valdés
Rector UDD