En estos días deberá resolverse por la Cámara de Diputados la presentación de diversas acusaciones constitucionales dirigidas contra ministros de la Corte Suprema. Es importante tener presente algunas reflexiones sobre esta institución, habiéndose ella aplicado nueve veces desde el retorno a la democracia.

La acusación constitucional, si bien tiene su antecedente en el impeachment de la Constitución de Estados Unidos, en un sistema presidencial como el nuestro se ha transformado en un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad jurídica de ciertos funcionarios (Bronfman, Cordero y Aldunate). No se trata, por tanto, de responsabilidad política, propia del régimen parlamentario.

Respecto de los jueces, la causal establecida en la Carta Fundamental es la de “notable abandono de deberes”, la que se remonta al texto de 1833 y al voto particular de M. Egaña.

Ya en pleno siglo XIX, cuando se acusó a la Corte Suprema presidida por Manuel Montt, se dejó constancia de que no correspondía al Congreso juzgar la verdadera y genuina aplicación de las leyes, materia reservada a los tribunales de justicia.

Tal como recuerda Silva Bascuñán, se debe tratar de circunstancias de suma gravedad que demuestren, por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida.

En otras palabras, significa faltar en forma grave, reiterada y relevante a las obligaciones y deberes, adjetivos o formales, o sustantivos o de fondo, inherentes a las altas funciones públicas que la Constitución y las leyes han asignado a los magistrados.

No debe olvidarse que la propia Corte Suprema, como tribunal superior, puede remover a un juez por “no haber tenido buen comportamiento”, lo que supone —en cambio— infracciones a deberes de probidad e integridad.

Ahora bien, desde el punto de vista formal deben considerarse también diversas exigencias en la presentación de una acusación constitucional. Por de pronto: un mínimo (10) y máximo de acusadores (20). Debe tratarse de actos realizados en el ejercicio del cargo de los jueces y no en conductas pretéritas o imputables a terceros.

A ello deben sumarse las garantías propias de un justo y racional proceso, entre las cuales se encuentra el derecho a ser escuchado, a recibir las alegaciones y defensas, permitiendo pruebas idóneas y ser juzgado por terceros imparciales.

Como consecuencia de lo anterior, resulta absolutamente incompatible con un debido proceso —como se pretende por la Cámara— el acumular dos acusaciones contra jueces y por hechos distintos, obligando a pronunciarse conjuntamente respecto de situaciones fácticas disímiles, olvidando el principio de responsabilidad personal. Es algo inédito en nuestra historia institucional y extremadamente grave.

La jurisprudencia constitucional y decisiones emanadas de la judicatura interamericana están contestes en cuanto a que las garantías de un justo y racional proceso se aplican a todo tipo de procedimientos, no solo los jurisdiccionales.

Por lo demás, el Tribunal Constitucional, siguiendo la opinión del profesor Juan Colombo, recuerda que el Senado ejerce en este caso verdaderas “funciones jurisdiccionales”.

Nuestros diputados no deben olvidar estos principios básicos, consustanciales con las exigencias de un verdadero Estado de Derecho.

Enrique Navarro Beltrán
Profesor de Derecho Constitucional U. de Chile y U. Finis Terrae