Mucho se ha escrito sobre las trabas, dolores de cabeza y frustraciones que genera el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en el avance de los proyectos de inversión. A esta altura, la evidencia es inequívoca: el CMN es uno de los servicios públicos más críticos dentro de aquellos que conforman el complejo entramado de la permisología (CNEP 2019, 2023). ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y, más importante, ¿qué acciones podemos tomar para modernizar y mejorar, de una vez por todas, la labor de este organismo? Veamos.

Primero, el marco legal que rige al CMN, cuya piedra angular es un consejo de 23 miembros, está completamente obsoleto y de mantenerse así, nunca logrará apurar el tranco. La ley que lo rige data de 1970 y esta, a su vez, solo vino a consolidar la normativa del año 1925.

Hoy, al igual que hace 100 años, todas las decisiones administrativas de este organismo se centralizan en este consejo, compuesto por distintos gremios y asociaciones, cada uno con un interés particular. Su brazo ejecutor, una secretaria ejecutiva a nivel central, no tiene ninguna facultad resolutiva, lo que termina ralentizando y burocratizando en extremo cualquier aprobación de permisos, por simple que sea.

Segundo, no existe en la normativa ningún criterio formal para definir el valor patrimonial de un hallazgo arqueológico o paleontológico y, por consiguiente, tampoco existe un registro único o inventario de hallazgos puestos en valor. Los procedimientos y plazos para los procesos de caracterización, hallazgo y rescate tampoco están normados a nivel reglamentario, lo que es otra fuente de incertidumbre. Ante este vacío, los titulares de proyectos de inversión quedan a merced del arqueólogo de turno, quien, caso a caso, define el número de pozos a cavar, las partes de la construcción que se deben paralizar y los “hallazgos” que vale la pena rescatar.

La actual subsecretaria de Patrimonio se ha defendido con fuerza de las críticas, aludiendo a que la carga laboral de los funcionarios del CMN estaría “fuera de lo normal dentro de la función del Estado”. Los números parecen no acompañarla. Hoy el CMN cuenta con 195 funcionarios, con un sueldo mensual promedio de 2,2 millones. Esto representa un aumento de dotación de 78% en comparación con el año 2017, con sueldos más que competitivos para la realidad del país. Adicionalmente la CNEP consigna que, al cierre del año 2022, el número de permisos tramitados por el CMN era de 2.781, similar al de Conaf (2.755) y la DGA (3.522) y muy por debajo del Ministerio de Salud (109.881). Más que una avalancha de autorizaciones, lo que aquí está fallando son los criterios y la falta de procedimientos estandarizados que entreguen certeza jurídica.

Si al Gobierno realmente le interesa enfrentar este problema con decisión debería poner máxima urgencia al proyecto de ley de Patrimonio Cultural, que duerme en el Congreso. El proyecto, entre otros, descentraliza las decisiones del Consejo a nivel regional, lo que es un primer paso, pero no suficiente. Junto con esto, también hay que delegar los permisos más habituales a las secretarías ejecutivas (nacional y regionales) y reformar en profundidad el método de designación de los consejeros.

De cara a la discusión del Presupuesto 2025 y posteriores, se deberían buscar amarres presupuestarios. Por ejemplo, los ministerios económicos (Economía y Hacienda) podrían priorizar una lista de permisos críticos de proyectos de inversión y condicionar recursos adicionales para la conservación patrimonial a la tramitación expedita de estos. Es importante resaltar que esta tramitación puede devenir en rechazos o aprobaciones; lo importante es que se actúe con celeridad y sentido de urgencia.

Para los proyectos de inversión que requieren tramitación ambiental, el permiso de excavaciones (PAS 132) debería remitirse exclusivamente a esta etapa, eliminando la parte sectorial que hoy es redundante. Así, se evitarían retrasos innecesarios como el de la Línea 7, donde solo una vez aprobada la fase ambiental, el CMN remitió la primera versión de su informe sobre las famosas botellas de vidrio de la antigua fábrica de Cervezas Gubler y Cousiño.

Ahora, sin un cambio en la predisposición de autoridades a cargo de la conservación del patrimonio y de los funcionarios del CMN a los proyectos de inversión, nada de esto será posible. Solo cuando entendamos que patrimonio, conservación y desarrollo no solo son compatibles, sino que se benefician mutuamente, lograremos desatar este complejo nudo. Y, en el camino, quizás maduremos como sociedad dejando atrás el infantil antagonismo que hemos creado entre estos. No es poco.

Juan José Obach
Director ejecutivo Horizontal