Un reciente operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con la incautación de 2.478 artículos que imitaban a una conocida marca de joyas catalana. Parte importante de las piezas —que tenían un avalúo cercano a los $500 millones— eran comercializadas en un módulo ubicado en un mall del sector oriente de Santiago, ofrecidas como productos originales aunque a un precio menor.

En los días siguientes, fue la misma administración del centro comercial la que se refirió a la situación, condenando lo sucedido. En el comunicado, se mostraron dispuestos a colaborar con las autoridades competentes y anunciaron posibles acciones legales en contra de los responsables.

El caso tomó, sin embargo, un giro sorpresivo días después, cuando el Servicio Nacional del Consumidor ofició al centro comercial exigiendo le informara qué medidas estaba adoptando para prevenir que un hecho así volviera a suceder. El director del organismo justificó la exigencia argumentando que los centros comerciales “como proveedores profesionales que gestionan un espacio que atrae a miles de personas, deben tomar medidas para prevenir hechos ilícitos en su interior y proteger a los asistentes”. Tal criterio puede tener sentido respecto de medidas generales de seguridad, como la instalación de cámaras o una adecuada coordinación de sus equipos para hacer frente a asaltos u otros hechos que afecten la integridad de sus clientes. Pretender, sin embargo, que además se hagan cargo de vigilar preventivamente el cumplimiento de la ley de propiedad intelectual o de las normativas tributarias por parte de los locatarios resulta evidentemente un exceso. Entre otras razones, porque los malls —empresas del rubro inmobiliario— carecen de las atribuciones para ello e incurrirían en una ilegalidad si pretendieran arrogárselas. Por lo demás, conforme al mismo razonamiento, podría también exigírsele velar por el cumplimiento de las normas sanitarias en un restaurante al arrendador de ese local, o responsabilizar al propietario de un departamento por no haber prevenido conductas delictuales cometidas por su arrendatario. En definitiva —y como ha hecho notar la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago—, sin perjuicio de la colaboración que deben prestar todos los ciudadanos, la tarea de vigilar el cumplimiento de la ley corresponde al Estado con sus distintos organismos: policías, autoridad sanitaria, Impuestos Internos, etcétera.

Con todo, lo más preocupante de este episodio es que no se trata solo de un caso aislado, sino que parece expresivo de una cierta tendencia que se ha venido instalando conforme se agudiza la crisis de seguridad pública en el país. En efecto, ante su fracaso en este, su ámbito de acción más propio, el Estado reacciona descargando la responsabilidad en los ciudadanos. Se manifiesta ello en exigencias que pueden parecer menores —por ejemplo, el grabado de patentes en los vidrios de los autos para enfrentar los robos—, pero también da lugar a decisiones tan abusivas como la de la Dirección del Trabajo al sancionar y suspender el funcionamiento de una farmacia luego de haber sido esta asaltada, exigiéndole adoptar medidas frente a la actividad delictual en su entorno. Justificada es por lo mismo la preocupación que ahora manifiestan otros sectores, como los contratistas forestales de la macrozona sur, habitual blanco de atentados, al conocer el decreto de la Subsecretaría de Previsión que define la Política Nacional de Seguridad en el Trabajo. Esta compromete a los empleadores a “adoptar medidas efectivas para reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia externa que afecte a los lugares de trabajo, especialmente en actividades productivas altamente expuestas como el rubro forestal, transporte y servicios”.

Y es que, al parecer, asistimos a una singular privatización de las responsabilidades más básicas del Estado, paradójicamente promovida por quienes proclaman su fe en las bondades de este y recurrentemente abogan por expandir su tamaño.