Las movilizaciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, salvo excepciones, fueron extremadamente violentas. El Gobierno no las pudo contener y vastos sectores de la oposición las avalaron. Así, la “revuelta” se sostuvo y los ánimos insurreccionales ocuparon el espacio público, mientras las policías, responsables del orden, eran severamente cuestionadas y perdían legitimidad. Los oportunismos políticos de la época —sin duda, condenables— pueden tener explicación. Más sorpresivo fue que la población, en diversas encuestas, mostrara comprensión hacia esas expresiones, tan poco habituales en nuestra vida democrática, y hasta las respaldara. Cinco años después, la ciudadanía tiene otras opiniones. La última encuesta nacional del CEP, realizada entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre, muestra que la población que apoyaba las movilizaciones cayó entre diciembre de 2019 y el momento actual desde un 65 a un 25%. La que las rechazaba, a su vez, creció desde un 18 a un 50%. Más aún, ahora solo un 17% considera que el estallido fue muy bueno o bueno para el país, y un 50%, que fue muy malo o malo. Al mismo tiempo, la confianza en las policías es la más elevada de la última década: un 57% dice tener mucha o bastante confianza en Carabineros, 40 puntos más que en diciembre de 2019.

Las percepciones han cambiado drásticamente, representando mejor a la democracia liberal. Una de las grandes ventajas de esta es la posibilidad de acomodar, con baja conflictividad, a un conjunto diverso de ciudadanos que aspira a desarrollar sus proyectos de vida con razonable tranquilidad. Por tanto, es casi una condición necesaria que las reformas a las que aspiran los distintos sectores políticos se implementen con gradualidad y diálogo. Eso fue lo que en algún momento se perdió: el ejemplo más claro fue el primer proyecto constitucional, que aspiró a cambios radicales que, además, no recogían la diversidad propia de una democracia moderna. La encuesta CEP sugiere que la amenaza que ese período significó para las formas de avanzar y de compartir en la democracia representativa se esfumó. Es interesante que ahora la proporción de quienes se declaran satisfechos con su vida alcance su peak de la última década, situándose en 73%. Hay aquí seguramente una correlación.

Hoy, la principal amenaza a los modos de vida parece estar en el orden público. Un 57% menciona a la delincuencia como uno de los tres problemas a los que más preocupación debe dirigir el Gobierno, y otro tercio considera que estos incluyen el narcotráfico. La preocupación por la educación y la salud, entre otras, sufren bajas ostensibles. Así, es quizás esperable que el 73% les dé más importancia al orden público y a la seguridad ciudadana, y solo un 9 por ciento, la proporción más baja desde 2019, a las libertades. Simultáneamente, cae bajo el 50% la proporción que cree que la democracia es preferible a otra forma de gobierno y sube a 31% aquella que le da lo mismo un régimen autoritario que uno democrático. Es uno de los datos más preocupantes de la encuesta y no se puede desatender.

En las percepciones económicas, se verifica un cambio positivo. La población espera, además, que su situación personal —si bien no la de Chile— sea algo mejor a un año plazo. Con todo, estas variaciones ocurren dentro de un rango más bien pesimista y la percepción de que el país está estancado o en decadencia se mantiene estable y en terreno negativo. Eso sí, y respecto de 2019, se aprecia un incremento relevante —21 puntos porcentuales— en la proporción de quienes creen que el trabajo duro lleva a una mejor vida, situándose en 61%, muy cerca del punto más alto, ocurrido hace 6 años: otra señal de que las visiones posteriores a octubre de 2019 se han debilitado.

En lo político, la aprobación a la conducción del Presidente Boric se mantiene en niveles previos, alcanzando un 30%, aunque cae la desaprobación. Las figuras mejor evaluadas siguen siendo Evelyn Matthei y Michelle Bachelet. Aparece en tercer lugar el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pero con un nivel de conocimiento muy bajo (40%) y una evaluación negativa similar a Matthei y Bachelet, sin haber estado sometido al mismo escrutinio. Respecto de las próximas elecciones, llama la atención que más de la mitad de la población no tenga decidido su voto, demostración, quizás, de que el despliegue territorial ha sido aún escaso.