El quinto aniversario del estallido social —la mayor amenaza reciente a la estabilidad del contrato social chileno— nos encuentra en una situación frágil. Fortalecer la gobernabilidad debe ser nuestro objetivo prioritario. Esto es crítico para recuperar la capacidad de crecer y mantener la estabilidad social.

Aunque algunos desconfíen del concepto, el contrato social existe. En economía lo interpretamos como un equilibrio que por lo tanto es delicado y no está totalmente bajo control de las autoridades. Por un lado, está el marco institucional formal: la Constitución y las leyes, principalmente. Por otro, las normas sociales que, sin estar escritas, definen comportamientos socialmente aceptables. Cuando las instituciones formales son consistentes con las informales, el contrato social es estable.

Como mínimo, ¿cuánta gente puede desestabilizar el contrato social? La historia sugiere que no mucha. Fidel Castro llegó a Cuba con 81 personas, la mayoría de las cuales murió en el desembarco. Solo él y 12 guerrilleros fueron a la Sierra Maestra para iniciar la revolución. Años antes, durante la revolución de octubre, unas 15.000 personas tomaron San Petersburgo, que tenía dos millones de habitantes. Son porcentajes ínfimos de participación.

Alternativamente, ¿cuánta gente puede estabilizar un mal contrato social? Tampoco es tanta si están organizados y tienen voluntad de poder. La población blanca en las colonias esclavistas de Jamaica, Haití o Brasil era minoritaria, y las tropas nazis de ocupación eran el 1,5% de la población parisina.

Dos conclusiones. Una, poca gente puede desestabilizar un contrato social, pero se requiere que haya descontento social. Dos, la minoría movilizada debe tener capacidad de organización y disposición a usar la fuerza para amedrentar y subyugar a la mayoría.

A cinco años del estallido, hay que mirar con cuidado qué pasa en Chile.

Respecto del descontento, hay que enfrentarlo, y para ello el contrato social debe evolucionar. La estabilidad no implica un equilibrio estático, sino que requiere que los actores políticos, sociales y económicos estén dispuestos a usar los mecanismos internos de reforma del contrato social, en lugar de echarlo abajo. Esta capacidad evolutiva es esencial para que el contrato social sea estable. El problema en Chile hoy es que las antiguas fuentes de rigidez institucional —altos quorum de reformas inalcanzables dado el sistema binominal— han sido reemplazadas por quorum bajos, pero con hiperfragmentación del sistema político. La incapacidad para reformar el sistema previsional durante 12 años es la prueba. El marco institucional actual es quizá tan rígido como el anterior.

En cuanto a los potenciales desestabilizadores del contrato social, la capacidad de acción del Poder Ejecutivo hoy no es ideal. Esto es clave porque nos importa cómo reaccionan las instituciones formales ante un nuevo tipo de minoría: el crimen organizado. Este, además de violento, corrompe y degrada las instituciones formales y, a través del miedo, deteriora normas sociales clave como la confianza.

Los agentes desestabilizadores actuales y potenciales deben ser disuadidos por la credibilidad en las capacidades de la fuerza pública y por la justicia y oportunidad de las sanciones del sistema judicial.

Esto sugiere actuar en dos líneas. Frente al descontento, avanzar en los temas clave que lo justifican, como las bajas pensiones, así como reformar el sistema político para reducir la fragmentación y recuperar capacidad evolutiva del sistema. Frente a la violencia, combatir la corrupción y usar de manera inteligente y racional la fuerza pública, dado que, afortunadamente, aún goza de prestigio en la población.

Guillermo Larraín
FEN Universidad de Chile