El salario de $17 millones mensuales que pagaba la Universidad San Sebastián —entidad privada— por media jornada a la exministra de Educación Marcela Cubillos generó una gran polémica. La exministra argumentó que, al ser un contrato entre privados, no debía ser motivo de crítica pública, y que todo cuestionamiento no era más que un afán del “octubrismo” de regularlo todo y de afectar su imagen.

Es cierto que la exministra tiene derecho a impartir clases (y es bueno que lo haga), así como también es cierto que la polémica se debe a su rol político que ha jugado y sigue jugando la exministra. No obstante, señalar que este salario entre privados no puede ser revisado, amparándose en la libertad de las partes involucradas, es incorrecto.

La exministra apela a una libertad contractual absoluta, que se puede argumentar en la compraventa de bienes cuya comprensión y evaluación es sencilla para las partes, como lo sería una manzana o un par de zapatillas, pero que difícilmente se aplica a un servicio tan complejo como la educación. La educación es difícil de evaluar para quienes la obtienen, por lo que está sujeta a regulaciones tanto en Chile como en el resto del mundo, independientemente de si el prestador es público o privado.

Equiparar esta situación a cualquier contrato no solo es erróneo, sino también perjudica a quienes creemos que el mundo privado sí puede participar en la prestación de bienes públicos, como la educación. Tomando en cuenta este último punto, el argumento de la exministra pasa por alto al menos tres elementos importantes.

Primero, en Chile no cualquier institución puede ser universidad. Debe cumplir una serie de condiciones, entre ellas, no tener fines de lucro, y todos sus excedentes deben ser reinvertidos para el mejor logro de sus fines. Para asegurar esto, es necesario que la entidad sin fines de lucro pague por los servicios y bienes que utiliza un precio de mercado. De lo contrario, podría haber un traspaso encubierto de utilidades. ¿Puede ocurrir esto en las universidades? Sí, y ha ocurrido en el pasado, con universidades que pagaban precios por sobre el valor de mercado a inmobiliarias relacionadas. Esta relación no necesariamente debe ser económica; también puede ser familiar o vinculados en otros ámbitos. Así, un salario de $17 millones es algo que amerita una aclaración.

Segundo, la Universidad San Sebastián es privada, pero recibe una gran cantidad de recursos del Estado. Se estima que la mitad de sus ingresos provienen de becas públicas o de créditos con aval del Estado (créditos que sí contienen fondos públicos pues solo existen por el subsidio que el Estado les da, y solo pueden destinarse a instituciones educacionales acreditadas). Además, al ser una entidad educativa, las donaciones que recibe tienen importantes beneficios tributarios. Por lo tanto, es de interés de todos que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada para el fin que la ciudadanía ha dictado. Así, el salario de $17 millones, catalogado como alto por los rectores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la misma Universidad San Sebastián, requiere una explicación.

Tercero, la comparación que utiliza la exministra es incorrecta, ya que en la prestación del servicio educativo existe un componente muy relevante de fe pública. Resulta difícil entender cómo una exministra de Educación no considera este punto, cuando en la misma página web de la Superintendencia de Educación Superior se establece como uno de sus propósitos “aumentar la transparencia y la confianza de las personas y la ciudadanía en el sistema, resguardando a su vez la fe pública depositada por la sociedad en las diversas instituciones de educación superior del país”.

La calidad del servicio educativo es muy difícil de evaluar, lo que justifica la intervención del Estado en su evaluación para operar. A diferencia de una manzana, cuya calidad es fácilmente discernible al morderla, la educación involucra muchos factores que complican la evaluación de su verdadera calidad. Por ello, los estados certifican y exigen a las universidades una serie de condiciones: certificación de profesores, niveles de investigación, tasas de titulación y empleabilidad, orden administrativo y financiero, infraestructura adecuada, entre otros. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior busca garantizar el cumplimiento de ciertos estándares mínimos y el uso correcto de los recursos con fines educativos.

Todos estos argumentos reafirman el legítimo cuestionamiento público a la exministra y a la Universidad San Sebastián, donde la explicación de la relación contractual de $17 millones por media jornada es fundamental para velar no solo por el adecuado uso de los recursos públicos, sino que también por la misma fe pública que sustenta nuestro sistema universitario.