Como todos los años, llega la fecha límite para ingresar el Presupuesto de la nación a su tramitación en el Congreso, que es el 30 de septiembre. A grandes rasgos, uno espera que este contribuya a mejorar la posición fiscal del país y a estimular el crecimiento económico. Veamos el detalle.

Esperamos que el Presupuesto sea coherente con la regla fiscal dual vigente en el país, lo que implica que el gasto público sea compatible con la meta de déficit estructural de 1,1% del PIB para 2025 y que la deuda pública no supere el nivel prudente de 45% del PIB.

Para ello, sería muy deseable que este incluya medidas de eficiencia del gasto, reasignaciones y mejor uso de los recursos públicos. Que la discusión no se trate solo de cuanto más gastar, sino también de cómo gastar mejor, lo que ha estado bastante ausente en los últimos presupuestos.

Siendo realistas, es posible que el gasto público crezca el próximo año por sobre su crecimiento sostenible de largo plazo, considerando los recursos que se sumarán debido a la aprobación del proyecto de ley de cumplimiento tributario. Esto es, en torno a US$ 1.200 millones. Sin embargo, sería deseable que una parte significativa de estos mayores ingresos proyectados se aprovecharan para acelerar la convergencia hacia el balance estructural y comenzar a recomponer los ahorros públicos, aunque lo vemos poco probable.

Sería deseable también que el Presupuesto tenga un fuerte acento en recuperación económica y generación de empleos, mediante iniciativas que contribuyan a la recuperación del sector privado y especialmente de la inversión. Una buena señal acá es que se priorice la inversión pública.

Probablemente, el Presupuesto volverá a tener un énfasis en seguridad, dado que esta sigue siendo —con razón— la principal preocupación de la población. A esto se sumaría una prioridad en pensiones, considerando el aumento de la PGU que se podría financiar con la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario.

¿A qué más debemos estar atentos?

En primer lugar, a la proyección de ingresos fiscales. Los errores de estimación de ingresos de este año fueron muy grandes y no hay una adecuada evaluación de cómo se están haciendo estas estimaciones. El Congreso debería estar mucho más atento a estas cifras para reducir el riesgo de que estas sorpresas se repitan.

Segundo, al cumplimiento o incumplimiento de la meta de balance estructural de este año 2024. Las últimas cifras de Hacienda muestran que la meta no se está cumpliendo y eso es algo preocupante. Con la presentación del próximo Informe de Finanzas Públicas (IFP) sabremos si se está cumpliendo o no. Si no se cumple este año, ¿qué garantías hay de que ello ocurra en 2025? Para apuntalar este frente, podría ser necesario un esfuerzo fiscal mayor en los próximos meses.

Tercero, al financiamiento del déficit fiscal. Es necesario que haya una mayor transparencia en la solicitud de endeudamiento público para saber los usos que se quieren dar a los recursos. Un endeudamiento excesivo presionaría aún más al alza las tasas de interés de largo plazo, dificultando la recuperación económica.

Cuarto, a las holguras fiscales que se le dejan al próximo gobierno. Este es el último Presupuesto que ejecuta la actual administración, de manera que se debe prestar especial atención a las proyecciones macroeconómicas y fiscales de los años siguientes, para saber con cuánto espacio contará el próximo gobierno para implementar su programa.

El Presupuesto fiscal es, probablemente, la principal ley que el Congreso tramita año a año. Y es una enorme oportunidad para apuntalar el desarrollo de Chile. Es de esperar que esta vez sea aprovechada.

Felipe Larraín Bascuñán