Televisión Nacional de Chile (TVN) reportó pérdidas por $10.882 millones al primer semestre, bastante más que en el mismo período del año anterior y expresión de una aguda crisis. La cifra se ha conocido en los mismos días en que la comisión de Cultura de la Cámara ha aprobado en general un proyecto del Gobierno que pretende cambiar su forma de financiamiento y hacer algunas modificaciones en su gobernanza, pero que dista de ofrecer una solución a los problemas que plantea la situación de la estación pública.

Tradicionalmente, en los resultados de los canales ha existido un fuerte componente coyuntural. En el pasado, iban muy de la mano con el éxito de la teleserie vespertina, que traspasaba su sintonía al noticiario y posteriormente, a la franja estelar. Aún hoy, aunque esa fórmula ha variado en el tiempo, el éxito o fracaso de las principales apuestas programáticas sigue siendo decisivo. Pero, además, la televisión abierta enfrenta —como todos los medios y en todo el mundo— el impacto de la revolución tecnológica, que ha alterado la relación con las audiencias y la formas en que estas consumen contenidos. De hecho, TVN no es el único que mostró cifras rojas al primer semestre de este año: según los estados reportados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Canal 13 profundizó sus pérdidas (llegando a $4.849 millones); Chilevisión pasó de ganancias a pérdidas ($3.858 millones), y solo Mega registró ganancias: $5.275 millones.

Frente a ello, llaman la atención las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien atribuyó los problemas del canal a que existe “una competencia desleal”, dadas las “exigencias y cargas adicionales” que tendría TVN frente a los privados. Desde luego, no son hoy claros esos costos adicionales, considerando que la oferta programática del canal no difiere mayormente del resto. Y, por lo demás, hasta hace poco, con la misma estructura y exigencias, la estación registraba utilidades: $3.018 millones en 2022 y $8.297 millones en 2021.

Pero esos dichos también traslucen el problema de fondo que subyace al proyecto de ley del Gobierno, el cual propone establecer un “endowment” de US$ 30 millones para financiar a partir de sus rentas las señales infantil e internacional de TVN, los canales regionales y una nueva “radio pública”; aparte de ello, aumenta de siete a nueve los integrantes de su directorio. Difícilmente alguna de estas propuestas ofrece una respuesta a los desafíos que hoy enfrenta la industria televisiva y menos se hace cargo de la discusión respecto de cuál puede ser hoy el sentido y aporte de un canal público. En efecto, en el actual escenario mediático, ¿se justifica, por ejemplo, subsidiar una señal internacional? ¿Cuál es la necesidad que vendría a cubrir una radio del Estado?

Se trata de preguntas básicas, pero que, a la luz de las decisiones tomadas respecto de TVN —por ejemplo, la designación al frente de su directorio de un político y ex vocero gubernamental—, no parecen tener interés para La Moneda.