Hay quienes dicen que preocuparse por la magnitud y el origen del sueldo de la exministra de Educación, candidata en la actualidad, es una distracción respecto de los verdaderos dramas del país. En particular, de los graves problemas de inseguridad y delincuencia que nos azotan. Pero ese punto de vista es un grave error. En este tiempo de instituciones públicas amenazadas, desacreditadas y desprestigiadas, imaginar que los escándalos reiterados de probidad no debilitan a las instituciones que tienen la tarea de enfrentar al delito es vivir en una burbuja irresponsable.

Ocurrió hace pocos meses con el caso Audios. Lo que parecía una simple hilera de chismes y una ventilación excesiva de enredos privados fue transitando muy pronto a un debate sobre la actuación del Poder Judicial, sus sentencias, y el trasfondo opaco en la designación de los ministros de la Corte Suprema. La exigencia de transparencia producto del caso ya provocó virtuosamente sanciones a jueces y juezas; además se han activado acusaciones constitucionales y se espera un cambio drástico en los procedimientos de designación de los magistrados de Chile. Se abre una esperanza en favor de la igualdad ante la ley.

El caso de la exministra nos conduce a un aspecto cuestionado de nuestra vida en común en las últimas décadas. ¿Por quiénes y como se financia la política? Parecía que después del tremendo remezón de los casos Penta y SQM y la nueva legislación de financiamiento electoral que emergió tras esa crisis el tema estaría cerrado. Pero no.

Por eso es tan desafortunada la comparación de la alcaldesa Evelyn Matthei respecto del caso Cubillos con los salarios de nuestros futbolistas de elite. Porque ellos no son quienes están encomendados a conducir lo público, a administrar el Estado de Derecho o gestionar los espacios estatales territoriales. Además de no recibir financiamiento estatal en sus remuneraciones, su función es otra. Ellos no son candidatos a nada.

Y tampoco han tenido nunca responsabilidades de Estado que los condujeran a enfrentarse al dilema de los conflictos de interés como es el caso de la exministra cuestionada, que es el de pasar de ser contraparte fiscalizadora para emplearse en una universidad que es beneficiaria de su cartera.

Nada de esto significa que los 150 balazos de Bajos de Mena y secuelas de muertes y dolor no signifiquen una brutal tragedia que debe movilizar todas las energías de la autoridad para hacerla irrepetible. Y a la vez visibilizar esos lugares de Chile donde el Estado parece estar ausente. Pero en lo que hoy insistimos es que el creer que la corrupción política y las balas corren por carriles distintos, es un equívoco de alto costo para nuestra sociedad.

La impunidad opera como una realidad incontrarrestable cuando los tribunales son capturados por delincuentes de distintas naturalezas. Y cuando ocurren los abusos de poder en nombre de la libertad, se exacerba hasta el límite la indignación pública. ¿Por qué si todos abusan yo debo apegarme a las reglas?, se preguntan los ciudadanos de a pie. Estudios sociales de origen muy transversal —PNUD, COES, Encuesta Bicentenario, CEP— ratifican esta grieta de desconfianza social.

Y un Estado debilitado por signos reiterados de corrupción juega a favor de las estrategias criminales.

Convengamos que los bochornos de esta semana no colaboran en nada a incrementar la reputación de la política y de lo público y las fortalezas que necesitamos para ganar la batalla de la seguridad en nuestros barrios y ciudades.