Mientras el país se hunde en la corrupción del Poder Judicial y de la clase política, es arrasado por la delincuencia frente a la mirada impávida del Gobierno, ve colapsar su economía y desplomar su imagen internacional, a la izquierda, responsable en buena medida de todo esto, se le ocurre seguir avanzando en su agenda revolucionaria. Esta vez ha utilizado el sueldo de una exministra para atacar a la sociedad civil, específicamente, a una universidad privada que no es de su gusto ideológico.

El hecho de que sueldos en el sector privado resulten, para muchos, escandalosos, no es nada nuevo. La discusión sobre la diferencia de ingresos entre gerentes y empleados de planta, o superestrellas y sus ayudantes, se ha dado incluso en Estados Unidos. Pero, mientras en Estados Unidos la izquierda propone, como en todos lados, subir impuestos a los que ganan más, en Chile apuntan a dinamitar el derecho de propiedad y la libertad de elegir, en este caso, de instituciones educativas.

La pregunta que corresponde hacerse entonces es: ¿Puede una entidad privada utilizar sus recursos de acuerdo a la valoración que ella tiene del aporte de las personas que contrata? En una sociedad libre, basada en el derecho de propiedad, la respuesta es categóricamente afirmativa. Si la sociedad civil y las personas no pudiéramos decidir libremente cómo gastar nuestros propios recursos, estaríamos sujetos a la tutela autoritaria del Estado; es decir, de políticos y burócratas, que habrían de dirigirnos en nuestras decisiones económicas, llevando así inevitablemente a darles el control sobre nuestras vidas. Esto es la aspiración última de todo socialista, sea conservador o marxista. Por eso ha sido tan torpe la reacción de la UDI y de otros personajes supuestamente de derecha de pedir explicaciones a la Universidad San Sebastián (USS) por los sueldos que decide pagar a sus profesores. En última instancia, le hacen el juego, una vez más, a la izquierda, mostrando su confusión a la hora de defender principios fundamentales de la sociedad libre.

Algunos profesores han argumentado que los méritos académicos de Marcela Cubillos no justificaban ese sueldo. Pero eso es entender poco o nada de economía, pues la inversión en la exministra, una figura conocida por todo Chile y con redes internacionales, no se derivó solo de su contribución académica, sino de su aporte a la institución en términos de márketing o rostro asociado a esa casa de estudios. Eso puede valer más que escribir papers de nulo valor intelectual o que tener citas de pares que son amigos y se hacen referencias entre sí para inflar mutuamente su supuesta relevancia académica. Pues si hemos de hablar de un sistema desnaturalizado y corrompido respecto a su misión original, es precisamente el académico, en el que el plagio no solo se ha convertido en una epidemia que ha afectado a profesores de las más prestigiosas universidades del mundo, sino que todo el esquema de publicaciones y citas en revistas indexadas es, en sí mismo, objeto de un intenso tráfico de influencias y descarados sesgos ideológicos. De ahí que varios académicos hayan llamado a terminarlo.

Ahora bien, evidentemente si el sueldo fuera íntegramente pagado con los impuestos de los ciudadanos, la discusión cambiaría, pues la decisión sería enteramente discrecional y no reflejaría el valor realmente aportado. Ya hace mucho, Ludwig von Mises en su obra “La burocracia” explicó que el Estado, al carecer de un mecanismo que señale si satisface las necesidades de sus “clientes”, pues no se rige por la ley de pérdidas y utilidades, estaba condenado a ser siempre ineficiente y despilfarrador. Entre esos despilfarros se encuentran los sueldos de empleados estatales que se pagan, no por el aporte que ellos producen, el cual en muchos casos es incluso negativo ya que no hay nada estatal que funcione bien, a pesar de su gigantesco costo, sino por su relación de amistad con quienes nos han secuestrado para vivir a expensas de nuestro esfuerzo.

En el caso discutido, Cubillos no recibía un solo peso de dinero de los pagadores de impuestos, pues la USS no se encuentra acogida a gratuidad. Se trata así de una cuestión enteramente entre privados, en que son ellos quienes, en ejercicio de su libertad, definen las cláusulas del contrato. Que, de manera indirecta, lleguen dineros de los pagadores de impuestos a USS porque alumnos con becas o créditos prefieren estudiar ahí, no invalida el argumento anterior. Es más, que personas de la notoriedad de Cubillos se desempeñen en esa universidad es precisamente una de las razones que lleva a muchos alumnos, becados a o no, a elegirla. Y si de fomentar el pluralismo con dinero de los ciudadanos se trata, como debería ser el caso en una sociedad democrática, entonces se debe respetar la decisión de los alumnos de elegir ese proyecto educativo por sobre otros.

Algunos han dicho que aquí lo que habría es financiamiento de la política. Pero eso debe ser demostrado y es un tema bien distinto a cuestionar los salarios que decide pagar una institución de la sociedad civil con sus recursos propios.

Finalmente, hay que decir que este ataque abre una puerta peligrosa: ¿Por qué cuestionar el salario de una profesora de una universidad privada que recibe indirectamente fondos de los pagadores de impuestos y no el del gerente de una inmobiliaria que construye viviendas sociales?, ¿o el de un médico de clínica privada que atiende a personas con bono estatal?, ¿o el de periodistas en medios donde hay avisaje estatal? Estos casos son, incluso, más evidentes y reflejan el infierno al que conduciría la lógica aplicada al caso Cubillos. Y todo mientras los inquisidores se pagan a sí mismos sueldos descarados con nuestro dinero.

Axel Kaiser
Presidente Fundación para el Progreso