Señor Director:

En columna publicada este martes, el rector Sánchez argumenta en contra de una eventual ley de eutanasia para Chile, por considerar que no se han analizado de manera suficiente “las opciones y las inequidades que nuestra sociedad les ofrece a todos los pacientes y a sus familias”. Señala que previo a discutir dicha ley, sería necesario avanzar en proporcionar cuidados paliativos a todos aquellos que lo requieran; solo entonces, continúa el doctor Sánchez, se podría analizar la libertad y autonomía de las personas para decidir si desean o no seguir viviendo. Se desprende de su escrito que la mera existencia de cuidados paliativos de excelencia haría innecesaria una ley de eutanasia, porque estos aliviarían todo dolor y sufrimiento.

La experiencia en países con excelentes cuidados al fin de vida muestra que existe un grupo de pacientes que, a pesar de tener pleno acceso a cuidados paliativos, consideran que su sufrimiento es insoportable e imposible de ser aliviado. Son estas personas las que eventualmente podrían solicitar asistencia médica para morir. A su vez, esperar que todos los problemas de salud estén resueltos antes de que se pueda discutir una propuesta legislativa de esta naturaleza, es una utopía que nunca se logrará alcanzar y ha sido uno de los argumentos más usados por aquellos que son absolutamente contrarios a la eutanasia, por considerar que “la vida es un bien indisponible”.

En lo que concuerdo plenamente con mi estimado colega es que ningún médico debiese ser obligado a realizar una eutanasia; tampoco una institución privada debiera ser forzada por el Estado a entregar dicha prestación, y ningún paciente debiera ser “empujado” a solicitar eutanasia porque es más rentable que no siga viviendo o porque no tuvo acceso a cuidados de fin de vida de calidad. Estos aspectos debieran quedar bien resueltos en la propuesta legislativa.

Sofía Salas Ibarra
Docente en bioética, Universidad del Desarrollo