El contexto económico actual de nuestro país presenta desafíos que requieren atención urgente. Con tasas de inversión insuficientes, de ocupación débiles y de desempleo altas, además de 30 meses de caída continua en la productividad, no extraña que las expectativas de crecimiento sean exiguas.

Es evidente que el país necesita revertir estas tendencias. Una de las claves para lograrlo es brindar mayores certezas a los actores económicos. Ya es sabiduría común que la incertidumbre es uno de los principales obstáculos para la inversión. Y ya se conocen importantes factores que influyen en ese riesgo país, entre otros, sus instituciones, su entorno regulatorio, su certeza jurídica y su Estado de Derecho.

Quiero poner en el tapete otro factor, que se interrelaciona con los anteriores y cuya mejora podría reducir la incertidumbre y motivar la inversión. Me refiero a la gobernanza pública.

En el ámbito empresarial, el entorno competitivo obliga a emplear modelos elevados de gobernanza corporativa. Si una empresa no supiera gobernarse de manera eficiente, sus resultados serían desastrosos. Las empresas realizan planes de largo y mediano plazo, definen e implementan políticas, procesos y procedimientos; delimitan y asignan claramente las funciones de cada área y de cada persona, y las evalúan periódicamente de acuerdo con las metas acordadas. En todo esto, es clave el respeto mutuo respecto de los ámbitos de decisión de cada área y nivel.

Esta forma de gobernanza ha permitido a muchas empresas de Chile operar con estructuras sólidas, minimizando ineficiencias que podrían surgir de una sobreposición de poderes. Desafortunadamente, estos avances no han ocurrido a igual ritmo en la gobernanza del sector público. La atomización política a nivel “macro” y la falta de claridad respecto de quién se encarga de qué, así como la intervención indiscriminada de distintos estamentos en temas variados, es una muestra clara de modelos de gobernanza que jamás podrían subsistir en el sector privado.

La falta de resolución en temas de gobernanza a nivel estatal se traduce en mayores costos para la inversión y, en consecuencia, en una pérdida de competitividad para Chile.

Adicionalmente, la falta de visión de largo plazo agrega tentaciones públicas. Podemos preguntarnos: ¿Cómo puede alguien manejar un auto si ve solamente los siguientes tres metros? Los horizontes cortos en cualquier Estado limitan la capacidad para diseñar políticas que podrían promover el crecimiento sostenido. Es esencial abordar estos problemas de gobernanza pública para crear un entorno más favorable para el desarrollo.

La profesionalización de la gobernanza que hemos vivido en el ámbito empresarial debe ocurrir urgentemente también en el ámbito público. Si bien el Estado no puede ser considerado una empresa, pues tiene particularidades inherentes a las complejidades y responsabilidades únicas de la gestión estatal, existen instituciones públicas que tienen modelos de gobernanza de alto nivel. Es el caso, por ejemplo, del Banco Central de Chile, que opera con visión de largo plazo y que evita interferir en los ámbitos del sector público que no le han sido ordenados. Esta armonía aún no se ha logrado extendidamente a nivel estatal. En un entorno donde los tomadores de decisión de diversas esferas de un Estado no tienen claros los límites de su autoridad, la eficiencia país se ve comprometida.

Para que Chile recupere su senda de crecimiento y su competitividad, la madurez en la gobernanza de muchas empresas puede servir como inspiración para desarrollar un modelo de gobernanza pública. Así podremos enfrentar los desafíos económicos actuales y construir un futuro más próspero para todos.

Karin Jürgensen
Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes