Señor Director:

La carta de David Bravo (19 de septiembre) denuncia el deterioro de un defecto antiguo: la falsificación masiva que daña al Registro Social de Hogares (RSH). La mentira específica es omitir de entre los miembros declarados del hogar, a quien recibe ingresos formales, simulando que quienes permanecen en el hogar serían pobres.

La defensa del ministerio ayer fue que “se contrasta con información del Registro Civil”. Incorrecto: al mentiroso le basta afirmar que están separados y no vive ahí el cónyuge registrado en el Registro Civil. Esta tampoco registra las convivencias.

El FA y el PC “responderían” subiendo el umbral para recibir subsidios hasta el 99% de la población. Si bien el Ministerio de Salud aplica eso hace tiempo, lo hizo más intensamente cuando Gabriel Boric redujo a cero el copago de los tramos B, C y D en las atenciones en Modalidad de Atención Institucional. Un efecto ha sido aumentar las listas de espera, perjudicando más a los más pobres. Subir umbrales a 99% fracasa también porque no es sostenible fiscalmente. Es un populismo electoralista.

El Congreso debe actuar ante este descaro. Si evadir impuestos es delito, la reforma tributaria debe tipificar como delito mentir al RSH con resultado de extraer recursos al fisco. En la discusión presupuestaria, el Congreso debería financiar unidades fiscalizadoras en cuatro o cinco macrorregiones y dotarlas de facultades reales. Entre otras: establecer premios para quienes delaten delitos de falseo; y acceder a georreferenciación de los celulares de los miembros de un hogar investigado, previo control de un oficial de garantía.

Prueba de la blancura para todo ministro de Hacienda: crear una comisión permanente que proponga leyes para gradualizar la disminución de los beneficios en cada uno de los más de 600 programas de gasto público, a medida que se suman al hogar miembros con ingresos registrados y que reconozcan ingresos mayores.

Salvador Valdés P.
Senior fellow UAI