E l Frente Amplio irrumpió en la política chilena prometiendo abandonar las prácticas decadentes de quienes hasta ese momento las utilizaban. Sin perjuicio de que en lo doctrinario sus planteamientos identitarios y antiextractivistas, entre otros, pretendían innovar la forma en que la izquierda analizaba la realidad, fue en lo conductual donde, mediante altisonantes declaraciones, quisieron marcar con especial fuerza su quiebre respecto de la política tradicional. Nada se resolvería en las cúpulas, sino en las asambleas; todo se haría abiertamente de cara a la sociedad; se acabaría con “los pitutos y el amiguismo político” en el ejercicio del poder, como reiteradamente dijera el candidato y posterior Presidente Gabriel Boric, y la solidaridad con los más desposeídos sería la brújula que dirigiría los criterios de sus políticas públicas. Ofrecían la pureza de sus ímpetus juveniles como una forma de darle un nuevo destino a la política chilena.

Sin embargo, su llegada, primero al Congreso y luego al gobierno, fue introduciendo fisuras, crecientes en el tiempo, a esas intenciones de pureza. Sus actuaciones comenzaron a contaminarse con decisiones que seguían la implacable lógica de poder que antes habían denunciado. El asambleísmo, fácil de organizar en los claustros universitarios, dio paso a decisiones tomadas por las mismas cúpulas que antes despreciaban. Estas eran elegidas, a su turno, por cada vez menos grupos de militantes, y su promesa de superioridad moral se fue disolviendo a medida que la opinión pública se enteraba de que la donación de parte de sus “escandalosas” dietas parlamentarias no era otra cosa que aportes a sus partidos, y que los recursos fiscales entregados a fundaciones sin fines de lucro podían esconder objetivos de activismo partidista. Por lo demás, dicha promesa siempre tuvo pies de barro, pues la consigna de “educación universitaria gratuita”, que los movilizó en sus inicios, cargaba con la debilidad moral de estar dirigida a ellos mismos y a su núcleo electoral como beneficiarios, y no a los más vulnerables, como declaraban en sus intenciones.

De ahí que no sorprenda que la vieja y criticable política del amiguismo y los “pitutos” no solo no haya sido erradicada por este gobierno, sino que se la haya continuado practicando. Hoy es motivo de controversia la situación del expresidente de Revolución Democrática Diego Vela, nombrado para integrar la delegación chilena en la OCDE, desplazando a una persona que no tiene la cercanía con el entorno del mandatario que sí tiene Vela. El embajador de Chile en España, cuyas actuaciones han sido objeto de críticas, es otra muestra similar. Reportajes de prensa han consignado que la administración pública está llena de cargos de personas que son hijos, pareja o tienen un parentesco cercano con altos personeros de gobierno. Y aunque nada de esto es necesariamente ilegal, y en algunos casos puede estar bien justificado por el mérito del titular, sí contrasta con la declaración del programa de gobierno: “Estudiaremos reformas para que los cargos de planta sean llenados por concursos periódicos de oposición anónimos”, pues “la ciudadanía reclama el buen uso de los recursos públicos ante el avance del clientelismo, el nepotismo y la desprofesionalización de la función pública”.

Las pulsiones que alimentan la naturaleza humana, cuando actúan en política, tienden a generar favoritismos hacia el grupo propio y clientelismo insano hacia los ciudadanos —los sucesivos retiros de fondos de pensiones fueron, en este ámbito, emblemáticos—, que además de desprestigiar la actividad no ayudan al desarrollo del país. Para el FA, la política del poder resultó ser más fuerte. Erradicar esas prácticas requiere de convicciones mejor fundadas que las que ellos mostraron tener, reforzadas por reformas a la institucionalidad política que las incentiven, y que además debiliten el fraccionamiento y promuevan la gobernabilidad.