Con motivo del pasado 11 de septiembre se suspendieron las clases en 10 liceos de la capital. Antes, en otras fechas, también se habían adoptado medidas similares, debido al riesgo que podrían enfrentar los estudiantes ante la violencia que parece corresponder a cada aniversario de acontecimientos políticos ocurridos hace ya medio siglo o más. En la Municipalidad de Santiago se informó que la Dirección de Educación Municipal (DEM) solicitó la suspensión ante una evaluación conjunta realizada por los equipos directivos y “considerando diversos elementos”. En Providencia, el DEM solicitó lo mismo con el objetivo de resguardar la seguridad de las comunidades educativas. Los alumnos secundarios pudieron así participar libremente de las jornadas de movilización política. Al mismo tiempo, como es obvio, prescindieron de las clases que les habrían significado la continuidad de sus estudios y la formación del hábito de estudiar.

Pareciera ser que son las jornadas de violencia las que establecen el calendario escolar, puesto que son conocidas las fechas de disturbios organizados por grupos extremistas, que comienzan en marzo con el día del joven combatiente y se despliegan a lo largo del año. Pero si hay una actitud que ha generado controversia ha sido la reacción de las autoridades que, ante la mínima posibilidad de un riesgo, prefieren eximirse ellas de cualquier responsabilidad. No obstante, los alumnos parecen estar más protegidos dentro de sus salas de clases que en las calles, pero para una autoridad escolar es más fácil mantener el colegio cerrado y así eludir la responsabilidad por cualquier eventual lesión que sufra un estudiante, aunque al hacerlo sacrifica su tarea principal, la que justifica su cargo.

Es un hecho que entre los 13 y los 16 años los jóvenes están atentos a todas las circunstancias y aprenden de ellas. Sea un día en la escuela o un día en la calle, en los dos ambientes se obtienen aprendizajes, pero no son iguales las conclusiones. Además, por supuesto que los jóvenes observan atentamente la conducta de los adultos, que son los que deciden cerrar el establecimiento, y de esos comportamientos también aprenden formas de actuar. La señal para las familias más vulnerables, que tienen grandes dificultades en atribuirle valor a la educación de sus hijos, no puede ser más contraria a lo que se busca como sociedad, pues fácilmente podrían ellas concluir, en medio de sus desventajas, que la educación no es tan importante.

No es fácil cultivar hábitos y el de estudiar es particularmente complejo para los jóvenes que enfrentan dificultades en sus aprendizajes. La interrupción frecuente, y por los motivos más variados —funerales de alto riesgo, paros de profesores o de auxiliares, protestas políticas, una variedad de aniversarios—, no favorece la creación de un hábito de estudio que resultará fundamental para su futuro. Y debe recordarse que es principalmente en los casos en que es más difícil establecer buenos hábitos donde surge el ausentismo escolar, que ha aumentado en los últimos años. Entre ellos también es más tentador caer en otros vicios, aún más serios. Una fecha, un municipio no significan mucho en el contexto nacional, pero la repetición de estos casos ya se transforma en otro hábito, aunque pernicioso.