Sorprende la actitud de la UDI en torno al caso Audio.

Recordemos que cuando el país conoció el caso Convenios, desde la oposición se ejercieron peticiones de renuncias, clarificaciones y cambios en la conducción de los partidos involucrados. Y así ocurrió. Cesaron autoridades gubernamentales afines al partido cuestionado, Revolución Democrática, se renovó su directiva y hubo declaraciones explícitas de sus personeros precisando su relación con los hechos.

Nada parecido ha ocurrido con la UDI frente al caso Audio que tiene una connotación significativamente mayor. Pese a ser reiteradamente mencionado el fundador del partido y exministro del Interior Andrés Chadwick, asociado a gestiones que deben ser aclaradas, y que en otra arista está involucrado Felipe Ward, exministro y parlamentario de la misma organización, la UDI pareciera actuar como si nada de esto le afectara o involucrara, exhibiendo un estado de negación impactante.

Como ha realzado la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de su aliada RN, la falta de claridad en esta situación significa “un desangramiento absoluto” para el sector.

La evidencia de que esta es una mega crisis institucional que afecta al país entero, está a la mano. La decisión de la Corte Suprema de abrir por unanimidad un cuaderno de remoción contra la jueza Ángela Vivanco señala con claridad que el escenario abierto por el audio divulgado ha generado un drama mayor en el máximo tribunal y en el Poder Judicial en su conjunto.

De esta situación el país puede salir fortalecido, institucional y espiritualmente, siempre que todos los actores hagan lo que les corresponda.

En el caso del Gobierno, interviniendo lo menos posible en las deliberaciones y acciones de otros poderes y promoviendo un debate serio sobre un nuevo procedimiento de designaciones en el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, investigando todo lo que deba ser investigado y que pueda suponer un mínimo atisbo de cohecho o de parcialidad en la actividad de los tribunales. La fiscalía, por su parte, debe demostrar que se investiga a fondo prescindiendo de selectividades y ejercer una voluntad nítida de cooperación con el Consejo de Defensa del Estado para que, en esta oportunidad, el interés público sea bien cautelado. En el caso del Parlamento, debe apurar legislaciones como la de conservadores de bienes raíces y notarios que arrastran inexplicables 12 años de trámite y que tratan de materias que hoy están en el corazón del tráfico de influencias. Es también menester que el Parlamento haga un uso fundado de su facultad de acusar constitucionalmente. Pero esto exige rigor. Pocas veces, desde marzo de 1990, la acusación constitucional ha sido utilizando del modo en que la Carta Fundamental establece. La ambición y la tontera pueden ser rasgos humanos cuestionables, pero no ameritan acusaciones constitucionales. Menos válido aún es su uso para venganzas políticas. La sumatoria de acusaciones que siguieron a la referida a la jueza Vivanco, orientadas al empate político, confunden el debate público y golpean la confianza ciudadana.

Y la UDI debe hacer lo propio. Su silencio es inexcusable. Nadie le pide que abandone la presunción de inocencia respecto de los suyos, pero sí un juicio político acerca de la grave crisis en que estamos y de la cual altos militantes de su partido son protagonistas muy relevantes. En fin, que su acción fiscalizadora no cese cuando se trata de los propios, que se hagan cargo y asuman para su sector los mismos estándares de probidad y transparencia que le exigen al resto.