Cuando en 1601 Góngora usó la frase “la necesidad tiene cara de hereje”, se refería, con ironía, al desprecio con que la sociedad de su época miraba a los pobres. En la práctica actual, sin embargo, esta expresión se usa para intentar disculpar acciones que, siendo objetables, parecen exigidas por alguna emergencia. Es el tipo de peligrosa justificación con que algunos defendieron hace tres o cuatro años los “retiros” de ahorro previsional.

De acuerdo con el diccionario, y fuera de su connotación religiosa, la palabra “hereje” refiere a quien se aparta de las normas de una institución. En su tercera acepción, “herejía” es: “Disparate o acción desacertada”.

Voy a criticar como “herético”, esto es, como contrario a las normas institucionales, un proyecto de ley que, invocando una necesidad social apremiante, propone medidas que violan gravemente la Constitución y llevan a que el Estado de Chile renuncie o abjure de unas posiciones de principio que ha venido sosteniendo por décadas, y a partir de las cuales ha ganado cierto respeto y confianza a nivel internacional.

Me refiero al proyecto que, modificando la ley eléctrica, redirige hacia un subsidio a consumidores unos recursos que resultan de la aplicación de la ley vigente sobre precio estabilizado para pequeños y medianos generadores (PMGD).

En vez de financiar la ampliación de un subsidio social con Rentas Generales de la Nación, que es lo que mandata el artículo 19 N° 22 de la Constitución, el proyecto prefiere “confiscar” para ese propósito las rentas legales de un privado. Sin perjuicio de estar vulnerando los derechos a la igualdad y la propiedad de las PMGD, el proyecto trastoca, además, lo que podríamos llamar la “Constitución fiscal”. Al pretender que esta recaudación no es un tributo, el Estado incurre en la práctica inconstitucional de destinar tales ingresos a un fin determinado, afectando de paso la libertad de los parlamentarios para discutir usos alternativos, sin el chantaje emocional de tener a la vista unos “beneficiarios” con nombre y apellido.

Para justificar que el costo de un subsidio al consumo eléctrico deba ser absorbido por algunos de los actores de la industria eléctrica y que no se financie con Rentas Generales de la Nación, como debe ser, el proyecto inventa —de la nada— un principio de “Autocontención”.

Nunca, en mis 30 años de docencia e investigación, había oído hablar de este concepto. De seguirse esta peculiar lógica, el día de mañana podría crearse un subsidio de agua potable financiado con ganancias pretendidamente “excesivas” que obtengan las empresas sanitarias o se alzará la PGU tomándose parte de las ganancias supuestamente “excesivas” de las AFP.

Trátase, sin duda, de un precedente nefasto que, más allá de lo que se piense sobre el precio estabilizado, tendría que preocupar a cualquiera que crea en los derechos adquiridos y la economía de mercado.

El logro de una política fiscal que sea reconocida, dentro y fuera de Chile, como seria y responsable, ha sido fruto del esfuerzo de décadas. Es el resultado de respetar reglas sensatas que vienen de 1943 (Juan Antonio Ríos) y 1970 (Eduardo Frei Montalva). Supone cumplir y hacer cumplir el marco de la Constitución vigente. Es consecuencia de los empeños consistentes de Foxley, Aninat, Eyzaguirre, Velasco, Larraín, Briones y Marcel, entre otros.

Visto lo anterior, resulta inentendible que el afán de capturar, improvisadamente y de mala manera, algunos cientos de millones de dólares, arriesgue tirar por la borda un patrimonio de reputación y credibilidad que tanto ha costado y que, sin duda, vale muchísimo más.

Aún es posible, en todo caso, evitar ese desastre. El Gobierno todavía está a tiempo para confirmar su compromiso con el Estado de Derecho. Evitando un disparate. Mostrando que no es un hereje.

Patricio Zapata Larraín
Abogado constitucionalista