La prisión preventiva que afecta a Leonarda Villalobos, la única mujer hasta ahora imputada por el denominado caso Audio, ha puesto en evidencia una grave deficiencia en la infraestructura carcelaria femenina, al no contemplar la posibilidad de separar a las reclusas según el tipo de delito y el grado de peligrosidad. Es lo que ha denunciado la abogada defensora de la imputada, quien se encuentra detenida en la cárcel de San Miguel, compartiendo un módulo con 25 mujeres, entre las cuales se cuentan algunas condenadas por tráfico de drogas y otra por parricidio. La inseguridad del lugar requiere de acompañamiento hasta para ir al baño —habría recibido amenazas— para resguardar su integridad. Sin agua caliente, con baños precarios y sin privacidad, su representante alega discriminación y falta de preocupación del Estado por equiparar las condiciones que enfrentan hombres y mujeres en caso de reclusión por los mismos delitos.

Esta situación contrasta con las condiciones de la sección carcelaria Capitán Yáber, destinada en general a imputados por delitos económicos, donde se encuentran en prisión preventiva los demás investigados del caso, sin tener contacto con reclusos de alta peligrosidad y en condiciones de infraestructura superiores. Con todo, las limitadas dimensiones de ese recinto también plantean problemas e interrogantes, por ejemplo, respecto de la conveniencia para la investigación penal de permitir una convivencia cotidiana entre quienes son indagados por un mismo hecho delictivo.

Encargado en el pasado a las órdenes religiosas, el encarcelamiento femenino no ha sido prioridad de las políticas públicas, pese a representar el ocho por ciento de la población penal, lo que se traduce en cárceles sin condiciones mínimas para embarazadas, madres con hijos pequeños o ancianas. El caso de Villalobos demuestra que tampoco se ha considerado la muy diversa realidad femenina en la sociedad actual, que exige replicar las condiciones penitenciarias disponibles para los hombres, incluyendo la existencia de recintos especiales para aquellas detenidas por delitos económicos.

Periódicamente el tema del sistema carcelario irrumpe en la agenda pública, debido a las condiciones de hacinamiento que enfrentan los reclusos, situación que se ha agravado en el último tiempo por el incremento de la delincuencia y el endurecimiento de la legislación penal, que ha significado un incremento de la prisión preventiva y penas más prolongadas.

Esta precariedad que se vive en los recintos carcelarios facilita la formación de organizaciones delictuales que operan desde el interior de las cárceles —la eficacia para inhibir las comunicaciones hacia el exterior es aún discutible— y dificulta los procesos de reinserción social. Pese al crecimiento de la población penal —en la última década se ha incrementado en un 29 por ciento, llegando a casi 60 mil reclusos—, los planes de nueva infraestructura carcelaria de sucesivos gobiernos se han visto enfrentados a constantes dificultades debido al rechazo de las comunidades, entrabando cualquier posibilidad de mejorar las condiciones de confinamiento y de lograr discriminar según peligrosidad y tipo de delito. La debatida construcción de un recinto de alta seguridad es una buena noticia y responde a una necesidad frente a los nuevos tipos de criminalidad, pero dista de constituir en sí misma una política que aborde los graves problemas de gestión y sobrepoblación del sistema.

La irrupción del crimen organizado y el narcotráfico requiere de medidas efectivas para enfrentar la crisis del sistema carcelario en todos sus niveles, con especial atención a la situación de las mujeres privadas de libertad, las que hoy sufren una discriminación que contrasta y desmiente un discurso feminista reiterativamente proclamado.