En una situación insostenible ha quedado la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, luego de los antecedentes conocidos el fin de semana respecto de sus contactos con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en el denominado caso Audio.

Durante este año, a raíz de ese mismo caso y de otros, se han revelado distintos intercambios sostenidos entre jueces, y también entre estos y abogados de la plaza (como el propio Hermosilla), en relación con nombramientos judiciales. Ello ha dado lugar a un intenso debate y a cuestionamientos respecto de en qué medida la ayuda recibida para acceder a un cargo podría incidir en el actuar de los beneficiados. Los diálogos sostenidos vía WhatsApp entre Vivanco y Hermosilla, sin embargo, van mucho más allá, al dar cuenta de la relación que parece haberse establecido entre la jueza y el profesional, caracterizada por un intercambio constante y mutuo de favores. Estos habrían incluido el “operar” para favorecer o debilitar postulaciones a cargos judiciales y en la fiscalía; la entrega por parte de la magistrada de información judicial que aún no era pública, y hasta su disposición a integrar sala para conocer una causa que era del interés del abogado. No habría habido aquí, pues, una mera solicitud de intercesión ante autoridades políticas para ser considerada en una designación, sino un vínculo sostenido en el tiempo, donde, lejos de hacer suya aquella idea del “deber de ingratitud” que tendría que caracterizar el actuar de los jueces, se habría establecido un trato privilegiado hacia Hermosilla. Así, expresiones que han llamado la atención de la opinión pública (“querido amigo”, “nuestro gobierno”) parecen dar cuenta no simplemente de una falta de criterio, sino de la vulneración de los límites que el resguardo de la independencia judicial impone en el trato entre un juez de la República y un abogado.

En efecto, el contenido de estos diálogos compromete principios básicos en un Estado de Derecho, como son la autonomía de los órganos jurisdiccionales y la igualdad ante la ley. Ellos quedan reducidos a una ficción cuando determinados personeros, en virtud de sus redes de contactos, acceden a favores especiales por parte de un juez, incluida la intromisión en causas que están siendo conocidas por los tribunales. Por eso, es esta una situación de la máxima gravedad: no es solo que, por su tenor, estos diálogos afecten la ya debilitada confianza pública en las instituciones, sino que ellos sugieren la existencia de irregularidades severas que justifican esa desconfianza. Corresponde, por lo mismo, reconocer la capacidad de reacción que ha mostrado en este caso la Corte Suprema, al decidir la inmediata suspensión de funciones de Vivanco y la apertura de un cuaderno de remoción, junto con solicitarle informar de una serie de hechos que, de ser comprobados, y como afirma el comunicado del máximo tribunal, “afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”, por lo que su clarificación resulta urgente.

Precisamente, por la gravedad de lo que está en juego, cabría esperar del mundo político una actitud de mínima responsabilidad. La formulación de acusaciones constitucionales es una prerrogativa que debe ser ejercida con seriedad. El apresuramiento en su presentación, sumando nombres de jueces, sugiere más una ansiedad por aprovechar políticamente el caso —o evitar ser dañado por él— que un genuino compromiso institucional. Es de esperar que, de presentarse esos libelos, sean discutidos y resueltos con rigor, y atendiendo a la diferente naturaleza de cada caso. Más aún cuando uno de los temas que subyacen, los abusos en el sistema de nombramientos judiciales, debiera involucrar una revisión a conductas de los propios parlamentarios.

Similar actitud de prudencia y responsabilidad —atributos que no han caracterizado hasta ahora las actuaciones presidenciales respecto de Hermosilla— corresponde demandar del Gobierno. Deben entender las autoridades cuál es su propio papel, abandonando lógicas impugnadoras que, aunque puedan servirles para halagar a sus partidarios, no se compadecen con sus deberes de Estado. En este sentido, la propuesta que se apronta a presentar el Ejecutivo para modificar el sistema de nombramientos judiciales será una prueba clave. Cualquier reforma no debe tener otro norte que fortalecer la independencia judicial, evitando la prevalencia de intereses subalternos o el regreso de pretensiones refundacionales.