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Lunes 09 de septiembre de 2024
CAE y la política pública
Señor Director:
La discusión sobre el CAE es un fiel reflejo del deterioro de la política (pública) en Chile. Este Crédito con Aval del Estado abrió el acceso a la educación superior a quintiles de menores ingresos que financian sus estudios con deudas a tasas subsidiadas y con topes mensuales de pago.
La educación superior se masifica y pasa desde 600 mil estudiantes en 2005 a un millón 200 mil en 2015, que no es distinta a la actual. La gratuidad en 2016 llegaba tarde como palanca de movilidad social; el CAE había hecho ese trabajo.
El segundo gobierno del Presidente Piñera envía un proyecto de ley para corregir las fallas del instrumento —sacar a la banca, escalas de pago según condición económica, condonación del saldo de la deuda al final del plazo y mejorar la cobranza para reducir la morosidad—, pero la oposición —que hoy gobierna— se negó a legislar. ¿Razones? Políticas.
La envalentonada movilización estudiantil en aquella época, y cuyos principales dirigentes son el actual oficialismo, no estaba dispuesta a apartarse de su discurso: “no se trata de reformar, sino acabar con el CAE” porque “nadie debe pagar por los estudios superiores; la gratuidad había hecho la mitad de la pega, por qué no seguir avanzando”, y, además, “la mochila de la deuda es asfixiante”.
Las cifras nunca avalaron esta última tesis. El 80% de los deudores que sirven la deuda paga actualmente un promedio mensual de $32 mil (Comisión Ingresa 2023). Entretanto, los anuncios de condonación universal, que aún no cesan, llevaron la morosidad desde el 35% en 2015 a un irresponsable 60% en 2023. ¿Importa que el CAE se pague? Sí importa.
La deuda total se estima en US$ 11.000 millones y tras la gratuidad la deuda se ha concentrado en los estudiantes de mayores ingresos; una condonación amplia y profunda es inequitativa, además de irresponsable desde el punto de vista fiscal.
¿Importa legislar bien sobre el CAE? Sí y mucho. No solo para poner freno al deterioro fiscal, sino porque el Gobierno, aunque tarde, sale al pizarrón a dar cuenta de cómo aborda un problema político que él mismo creó al prometer la condonación del CAE, hacia atrás, y su eliminación, hacia adelante, financiamiento del cual dependen miles de estudiantes pobres que no acceden a la gratuidad.
Carlos Williamson
La discusión sobre el CAE es un fiel reflejo del deterioro de la política (pública) en Chile. Este Crédito con Aval del Estado abrió el acceso a la educación superior a quintiles de menores ingresos que financian sus estudios con deudas a tasas subsidiadas y con topes mensuales de pago.
La educación superior se masifica y pasa desde 600 mil estudiantes en 2005 a un millón 200 mil en 2015, que no es distinta a la actual. La gratuidad en 2016 llegaba tarde como palanca de movilidad social; el CAE había hecho ese trabajo.
El segundo gobierno del Presidente Piñera envía un proyecto de ley para corregir las fallas del instrumento —sacar a la banca, escalas de pago según condición económica, condonación del saldo de la deuda al final del plazo y mejorar la cobranza para reducir la morosidad—, pero la oposición —que hoy gobierna— se negó a legislar. ¿Razones? Políticas.
La envalentonada movilización estudiantil en aquella época, y cuyos principales dirigentes son el actual oficialismo, no estaba dispuesta a apartarse de su discurso: “no se trata de reformar, sino acabar con el CAE” porque “nadie debe pagar por los estudios superiores; la gratuidad había hecho la mitad de la pega, por qué no seguir avanzando”, y, además, “la mochila de la deuda es asfixiante”.
Las cifras nunca avalaron esta última tesis. El 80% de los deudores que sirven la deuda paga actualmente un promedio mensual de $32 mil (Comisión Ingresa 2023). Entretanto, los anuncios de condonación universal, que aún no cesan, llevaron la morosidad desde el 35% en 2015 a un irresponsable 60% en 2023. ¿Importa que el CAE se pague? Sí importa.
La deuda total se estima en US$ 11.000 millones y tras la gratuidad la deuda se ha concentrado en los estudiantes de mayores ingresos; una condonación amplia y profunda es inequitativa, además de irresponsable desde el punto de vista fiscal.
¿Importa legislar bien sobre el CAE? Sí y mucho. No solo para poner freno al deterioro fiscal, sino porque el Gobierno, aunque tarde, sale al pizarrón a dar cuenta de cómo aborda un problema político que él mismo creó al prometer la condonación del CAE, hacia atrás, y su eliminación, hacia adelante, financiamiento del cual dependen miles de estudiantes pobres que no acceden a la gratuidad.
Carlos Williamson
