Señor Director:

A propósito del caso Audio, en carta de ayer los profesores Correa, Schopf, Tschorne y Wilenmann (Facultad de Derecho UAI) hacen un llamado a la seriedad en el manejo de información por parte de las instituciones, los abogados y la prensa.

La alerta de los profesores apunta en la dirección correcta y no podemos sino suscribirla, pero nos parece que llega tarde y responde a una visión incompleta del problema.

Llega tarde por el carácter paradójico de las filtraciones indebidas: y es que el contenido de algunas de ellas ha alimentado la duda sobre la imparcialidad de las propias instituciones de justicia, con jueces y fiscales preliminarmente cuestionados. En ese escenario, la opinión pública demanda más transparencia y no menos, con toda razón. En ello la prensa ha jugado un rol importante, en el que no hay solo “sensacionalismo” (como acusan los profesores), sino también seriedad profesional.

Con ello queda abonado el terreno para comprender por qué la alerta de los profesores es, además, incompleta. Digámoslo así. La confianza global en un sistema de justicia responde a dos dimensiones que deben balancearse: (i) una interna al propio sistema, es decir, la confianza que depositan en él los propios actores, entre otras razones, por el sigilo y buen manejo de la información; y (ii) otra externa al sistema: la confianza que deposita en él la opinión pública, es decir, su legitimidad. Los profesores parecen mirar solo a la primera dimensión, mas no a la segunda.

Con otras palabras: un sistema de justicia puede funcionar muy bien como una “caja negra” (en sentido informático), en el que se custodien celosamente los inputs, revelándose solo los outputs (condenas, absoluciones y poco más). Nuestro antiguo sistema penal escrito se parecía a esa caja negra, con altas dosis de secretismo sobre los inputs. Un modelo semejante puede funcionar muy bien en términos de confianza interna o profesional. Pero lo que se gana allí, adentro, se pierde afuera, en legitimidad pública. Entre otras razones, todo ello explica en Chile el paso a un modelo de oralidad, con la reforma procesal penal.

Claro, la oralidad no puede ser un pretexto para un espectáculo sensacionalista, en el que se ventile gratuitamente la vida íntima de los involucrados. En eso el llamado de los profesores debe atenderse siempre. Pero cuando la opinión pública comienza a sospechar que el sistema arroja unos outputs sesgados o parciales, entonces una dosis adecuada de transparencia —tanto la generada por el propio sistema cuanto la que provenga de un periodismo investigativo serio— puede cooperar a su legitimidad, en buena hora.

Hugo Herrera
Fernando Londoño
Académicos Derecho UDP