En una auditoría realizada por Contraloría, destinada a revisar la rendición de cuentas de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, en particular de los recursos que esta transfiere, se detectó una serie de situaciones complejas que se alejan de buenas prácticas de gestión. Hay que recordar que los ministerios de Educación y del Trabajo son las reparticiones que más recursos transfieren a personas o instituciones externas. Se requiere, entonces, especial cuidado en la asignación de tales recursos. La Contraloría revisó una cuenta en particular: “Deudores por transferencias reintegrables”. En esta contabilidad, la Seremi auditada controla los traspasos de fondos realizados por ella entre 2007 y 2023, y otros efectuados por la Subsecretaría de Educación entre 2016 y 2023. Respecto de los primeros, hay saldos sin rendir por 2 mil 888 millones de pesos, mientras que en los segundos la ausencia de rendiciones asciende a $75 mil 849 millones. Son, atendida la naturaleza de esta cuenta, montos relevantes. Se han solicitado, por tanto, sumarios administrativos y los antecedentes se han puesto a disposición del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público.

Son diversos los orígenes de las faltas detectadas. Desde montos asignados que fueron rendidos, pero sin que exista registro de dicho monto ni del acto administrativo que posibilitó estas acciones, hasta rebajas en los saldos sin rendir, pero careciendo de revisión y aprobación de las rendiciones, como debió haber ocurrido. Al mismo tiempo, hay saldos pendientes por rendir del período 2007-2013 sin que existan mayores antecedentes de las transferencias realizadas. También, un conjunto de rendiciones en proceso, encontrándose entre ellas beneficiarios jurídicos que ya no existen, personas naturales que fallecieron o receptores no identificados. La situación detectada no es aislada. Otras similares ocurren en otros servicios y se informan cada cierto tiempo, reflejando una manera muy inadecuada de llevar adelante las cuentas del sector público. Hay falencias en los procedimientos que parecieran corregirse solo una vez que se recibe un “remezón” de Contraloría. Sin embargo, nada asegura que esas mejorías persistirán en el tiempo. Las organizaciones modernas, por el contrario, se mantienen en procesos permanentes de mejoramiento continuo, los que ayudan a una gestión de los recursos públicos y a una rendición de cuentas cada vez más apropiada. Es, además, una de esas instituciones clave para mejorar la credibilidad del Estado.

El informe de Contraloría se copia al auditor interno de la Seremi, pero la Auditoría Interna del Estado, instalada en todos los ministerios, debiera fortalecerse, precisamente para asegurar ese mejoramiento continuo en la rendición de cuentas de las reparticiones públicas. La OCDE ha hecho planteamientos en este sentido. El Consejo de Auditoría General Interna del Gobierno, empero, por el carácter de la mayoría de sus integrantes (ocupan importantes cargos en el Ejecutivo), difícilmente puede supervisar y guiar una tarea más acabada en este campo y con una proyección de largo plazo. Sin embargo, las distintas reparticiones públicas debieran avanzar, más temprano que tarde, hacia una presentación anual de los estados financieros, adaptados a su naturaleza jurídica, y con un tratamiento de sus activos y cuentas que sea auditable siguiendo criterios parecidos a los que deben utilizar las empresas, universidades y diversas instituciones de la sociedad civil. Para ir en esta dirección, el papel de este Consejo es fundamental en la definición de los criterios y en la supervisión de la implementación del proceso. Son varios los países que han avanzado en este sentido y hay, por tanto, ejemplos en los que basar una estrategia de este tipo. Al hacerlo, por cierto, la labor de la Contraloría no desaparece e incluso puede ser más efectiva y eficiente. Se avanza, además, en transparencia hacia la ciudadanía. Esta información debería ir acompañada, adicionalmente, de los logros alcanzados en la gestión. Este enfoque es otra dimensión de la indispensable modernización del Estado que necesita nuestro país.