La oferta de subsidios al empleo formal en Chile es compleja y probablemente no lo suficientemente generosa ni amplia como para conseguir los efectos deseados. Un rediseño podría elevar la eficacia del conjunto de subsidios.

Hoy existen al menos cuatro programas que complementan los ingresos de trabajadores formales y/o que bonifican a sus empleadores, con un presupuesto total cercano a los 200 mil millones de pesos anuales: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes (SPTJ) y el Programa de Formación en el Puesto de Trabajo (PFPT). A ello se suma el Bono por Formalización Laboral para familias en extrema pobreza, además del Ingreso Mínimo Garantizado y el IFE laboral, que operaron transitoriamente hasta hace poco.

El SEJ entrega recursos a trabajadores formales entre los 18 y 25 años de edad pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y que ganan hasta unos 600 mil pesos al mes. También entrega fondos a sus empleadores. El BTM tiene un diseño similar, focalizado en mujeres entre los 25 y 59 años, y que se paga por, a lo más, cuatro años continuos.

Por su parte, el SPTJ bonifica las primeras 24 cotizaciones previsionales de trabajadores jóvenes, mientras que el PFPT entrega, hasta por 12 meses, recursos equivalentes a una fracción del ingreso mínimo a los empleadores que contratan aprendices entre 15 y 24 años de edad o a mayores de 55.

Las bonificaciones mensuales del SEJ, BTM y SPTJ fluctúan, en promedio, entre los 15 y 20 mil pesos tanto para el trabajador como para el empleador. El PFPT da un monto mayor, pues incluye un pago único por capacitación. Los subsidios son incompatibles entre sí y son administrados por organismos diversos, ya sea el Sence, el Instituto de Previsión Social o el Sence en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según el caso.

Para trabajadores y empleadores suele ser difícil determinar cuál subsidio es más conveniente y con qué organismo se debe interactuar. El número de empleadores que cobra estos beneficios no llega a los dos mil, habiendo más de un millón de empresas en el país. Asimismo, de acuerdo con los informes de seguimiento y monitoreo del BTM y SEJ, más del 70% de los trabajadores con derecho a estos beneficios no los recibe.

La complejidad del sistema, los bajos montos, la falta de información y la obligación de postular son todos factores que pueden explicar la baja cobertura y participación. Por el alcance que un sistema más integral puede tener en promover el empleo formal y los ingresos de sus beneficiarios, es relevante revisar el conjunto de programas.

Un primer paso sería unificar los subsidios, simplificando procedimientos, reduciendo costos administrativos y ampliando su alcance. Un segundo paso sería definir muy bien a quién se desea llegar. Ello significa, por un lado, definir quiénes tienen el potencial de beneficiarse con un programa como este y, por el otro, determinar en qué ocasiones se requiere de intervenciones adicionales —intermediación laboral, capacitación, certificación y apoyo al cuidado, por ejemplo— para que el subsidio logre su efecto.

Hace sentido la oferta actual centrada en jóvenes —a quienes típicamente se les exige experiencia laboral que no tienen—, en mujeres y en adultos cercanos a la edad de jubilar, en particular aquellos con bajos ingresos laborales. Merece incluir a hombres adultos de menores calificaciones, grupo cuya participación laboral se ha reducido. Esta oferta debe ser complementada con apoyos adicionales de acuerdo con rezagos específicos.

Al mismo tiempo, es importante revisar los aspectos sustantivos de los subsidios: los montos, su duración y el proceso de asignación. El SEJ y el BTM tienen un diseño interesante, que entrega recursos a empleadores y trabajadores, fomentando tanto la oferta como la demanda, con un retiro gradual que cuida incentivos. Pero estas prestaciones se entregan por períodos cortos de tiempo y representan montos muy pequeños. Asimismo, dado el bajo uso de los programas y que el Estado sabe quiénes podrían tener derecho, se puede ser proactivos invitando a postular.

Por cierto, algunas personas experimentan dificultades profundas y estructurales para acceder a un empleo formal. Para ellas, un rediseño de los subsidios al empleo es probablemente insuficiente. Pero, al mismo tiempo, la inserción laboral de muchos podría verse beneficiada con un sistema de subsidios fortalecido y más eficaz.