Nada logra menguar la incondicionalidad de la directiva del PC chileno para con la dictadura de Nicolás Maduro. Si alguien pudo pensar que la resolución del Tribunal Supremo venezolano (TSJ) que avaló el fraude electoral obligaría a los comunistas chilenos a revisar o al menos matizar su postura, los hechos de este fin de semana demostraron cuán ingenua era cualquier expectativa.

El anunciado cónclave al que citó la comisión política del PC para fijar posición concluyó en una declaración sorprendentemente enrevesada. En ella, simultáneamente, cual contorsionista circense, el partido evitó reconocer la fraudulenta victoria que se atribuye el régimen, pero omitió cualquier condena a las acciones de Maduro y se limitó a demandar cándidamente que se exhiban las actas para verificar los resultados; esto, para luego arremeter contra las sanciones económicas y llamar a la comunidad internacional “a abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela”. Cual si jugara a la ironía, no dejó de reivindicar su propio “compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos humanos”, junto con reconocer que la política exterior la dirige el Presidente de la República. Pero, respecto de esto último, no se hizo cargo de la abierta contradicción que su postura tiene con la firme condena que Gabriel Boric hizo de todo ese proceso electoral: “No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones y reprime al que piensa distinto”, había dicho el mandatario.

Pero si, con todas sus contorsiones, la declaración oficial podía dar lugar a alguna duda, el presidente del PC, Lautaro Carmona, se encargó de aclarar las cosas: el domingo, en TVN, afirmó, “hablando a nombre del Partido Comunista de Chile”, que el régimen venezolano “no es una dictadura”, que “no sabe” si Maduro está violando sistemáticamente los derechos humanos y que “hasta aquí, sí” respeta la institucionalidad. Peor aún, y contradiciendo todo lo dicho antes respecto de las prerrogativas presidenciales en política exterior, emplazó a la Cancillería a explicar por qué Chile junto a otros países suscribió una declaración condenatoria del fraudulento proceso venezolano junto a otros países. Con ello, además, ha vuelto a dejar en difícil posición a los ministros PC, obligados ayer a efectuar nuevos y extraños despliegues retóricos intentando cuadrar el círculo de su doble condición de miembros del Gobierno y militantes comunistas. “Hay diferencias que dividen y diferencias que conviven”, fue la frase para el bronce de la vocera Vallejo.

En verdad, resulta difícil comprender, en términos de estricta racionalidad política, los costos en que está dispuesto a incurrir el PC frente a la opinión pública cuando se trata de Venezuela o del régimen cubano, otra dictadura a la que apoya aún más inquebrantablemente. Pero, además, ¿qué propuesta de futuro puede ofrecer quien tiene como referentes a dos sistemas emparentados por un aparato de seguridad que ahoga las libertades y que condenan a sus pueblos a la miseria? ¿Qué perspectivas puede ofrecer hoy ese planteamiento, más allá de convocar a quienes quieren “morir con las botas puestas”? Reveladora en este sentido es la entrevista que el economista Manuel Riesco dio a Sábado, de “El Mercurio”: “¿A los yanquis les gusta Maduro? No. Entonces Maduro está más bien para mi lado”. Riesco tiene el derecho a pensar así; lo complejo es que una organización política replique esa misma lógica.

Por cierto, no parece que nada de esto vaya a alterar la pertenencia del PC al Gobierno, con todas sus ventajas. Esto, sin embargo, demanda una explicación hasta ahora ausente por parte del Ejecutivo: ¿cómo es posible que una discrepancia respecto de un tema fundamental para la vida en comunidad, como es la democracia, sea tratada solo como “diferencias de opinión” respecto de lo que ocurre en otro país, en vez de constituir un obstáculo ineludible de enfrentar al momento de gobernar y proponer un futuro en conjunto? Más aún, tratándose de un régimen que ha generado una crisis migratoria que nos golpea y respecto de cuya participación en uno de los peores crímenes políticos ocurridos en los últimos 30 años —el asesinato del teniente Ojeda— existen fundadas sospechas. El Presidente Boric ha marcado una valiosa línea con su postura clara frente a Venezuela, pero cada vez resulta más evidente la incompatibilidad de ese discurso con la permanencia del PC en la alianza de gobierno.