En una reciente entrevista a “El Mercurio”, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “el sistema político requiere de cambios urgentes. Si no los hacemos hoy, es posible que no volvamos a tener otra oportunidad”.

Tiene mucha razón la ministra: el sistema político chileno evidencia una fragmentación que hace muy difícil la gobernabilidad. Lo más complejo es que desde que se aprobó la reforma que terminó con el binominal, la tendencia ha sido constante en cuanto a la atomización de la política, con una gran cantidad de independientes, con partidos políticos que tienen poca relevancia y cuyos miembros están siempre dispuestos a salir de la tienda que los cobija. Así, Chile ostenta más de 20 partidos con representación parlamentaria, y si no se pone coto a esta realidad, es probable que en el próximo Congreso el número supere los 30.

Los parlamentarios independientes, excepcionales en otros períodos legislativos, hoy se elevan a cerca de 40, muchos de los cuales renunciaron a su militancia una vez electos. De esta forma, las negociaciones complejas se dificultan cuando hay múltiples intereses partidarios que conciliar, varios líderes con quienes negociar y la necesidad de reforzar la identidad de esta multiplicidad de partidos políticos por sobre criterios de buscar acuerdos en pos del bien del país.

Habiendo fracasado los dos procesos constitucionales, hoy solo cabe un acuerdo del sistema político. Y dado que ese requiere ser una reforma constitucional, es probable que solo en este Parlamento se logre el quorum en base a un compromiso de los grandes conglomerados, situación que posiblemente no sea factible si se profundiza esta realidad.

El último proceso dejó un gran acuerdo en torno a la propuesta de la Comisión Experta, que establecía un umbral mínimo para obtener representación, diversas medidas antidiscolaje y la introducción de normas que aumenten la capacidad de las bancadas para coordinar y asegurar la disciplina.

Y si bien los partidos políticos generan hoy desconfianza, su labor es insustituible en una democracia representativa. Se hace indispensable una normativa dirigida a fortalecerlos y orientar su acción hacia los fines por los que fueron creados.

Es esperable que a medida que el calendario electoral se estreche, cualquier cambio a los incentivos electorales o institucionales se vuelva más improbable. Por esa razón, el sentido de urgencia planteado por la ministra debe pasar a la acción. El Gobierno debe hacer suyo este problema y transformar —paradójicamente— en uno de sus grandes legados la corrección de la mala reforma del sistema realizada bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet.

Por cierto, una reforma no es por sí sola suficiente para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia. Sin embargo, constituye una condición necesaria para producir gobiernos que respondan a las demandas de los ciudadanos.