“Una reforma bien hecha del mercado de los notarios reduciría en un 95% los costos para los usuarios”. Así comenzaba una columna que escribí en este medio hace cinco años, cuando se iniciaba la discusión de un proyecto de ley para modernizar este mercado y eliminar las rentas monopólicas. Esta modernización no sucederá, y no porque los notarios tengan buenos argumentos para obstaculizarla, sino porque, como lo describió el entonces ministro de Justicia, han ejercido “un lobby feroz” para que nada cambie. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en enero de 2020 y tuvieron que transcurrir cuatro años para que el Senado se dignara a comenzar a ver el proyecto en particular, en enero de este año.

El motivo de este lento avance no es solo el eficiente lobby de los notarios sino, principalmente, la filiación que mantiene dicho gremio con miembros de varios poderes del Estado. Como bien lo resumió un juez de la Corte Suprema en declaraciones a La Tercera: “Todos estamos emparentados. De hecho, muchos notarios tienen hijos o hijas de ministros trabajando en esos lugares. No nos vamos a ver la suerte entre gitanos, eso siempre ha sido así. Pero también hay hijos de políticos. Así que ahí está la respuesta de por qué el sistema no se va a reformar nunca”.

Actualmente, para nombrar a los notarios, las cortes de Apelaciones escogen a tres candidatos, entre quince propuestos por la Comisión Administrativa del Poder Judicial. Los ministros de la corte no tienen que fundamentar su selección, permitiendo que, gracias a contactos e influencias, puedan quedar en esta terna quienes ocupaban los últimos lugares de la lista inicial. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los chats del exjuez Juan Poblete, publicados por Ciper en junio de este año, en los que un juez de la Corte Suprema le pide a Poblete que interceda por una amiga para el puesto de notario en Barnechea.

La arbitrariedad y las sinrazones se repiten en el Poder Legislativo. Primero, la comisión de Constitución del Senado eliminó varios artículos aprobados en la Cámara que reducían las rentas monopólicas de notarios y conservadores, con la destacada participación del senador Huenchumilla, cuyo cónyuge es conservadora por Lautaro. Luego, un micrófono que quedó abierto durante una sesión de la Cámara Alta reveló una maniobra para trabar el avance del proyecto de ley, al agregar un inesperado trámite en la comisión de Gobierno del Senado, presidida por el senador Ossandón. Este senador, a su vez, se ha opuesto tenazmente a la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, donde trabaja su hijo. Este conservador, ejercido por tres personas, tiene ganancias mensuales superiores a los 500 millones de pesos. Los senadores Huenchumilla y Ossandón han defendido con vehemencia sus insólitas decisiones de no inhabilitarse.

La Asociación de Notarios lleva décadas obstaculizando cualquier reforma del sector. Sus representantes han asistido a cada una de las más de 30 sesiones de la comisión de Constitución del Senado dedicadas a este proyecto. Estas sesiones no son abiertas al público, las invitaciones se realizan a petición de algún senador de la comisión. ¿Quién invitó al gremio de los notarios? ¿Por qué se invitó a ellos y no a las asociaciones de consumidores que representan a todos los chilenos que sufrimos las consecuencias de tener un sistema notarial capturado?

Dada esta realidad, la pregunta es cómo avanzar. Una primera medida es transparentar cómo opera el gremio de los notarios. Con ese objetivo, el Ministerio de Justicia le solicitó recientemente información detallada sobre sus estatutos vigentes, sus inventarios de activos, memorias y balances, un informe detallado de la forma en que han dado cumplimiento a su objetivo social, copias de todos los contratos y convenios suscritos y boletas de honorarios. Es la primera vez que esta asociación es sometida a una fiscalización de este tipo. Si se acredita que la asociación ha ejecutado acciones distintas a las que justifican su rol, el ministerio podrá solicitar su disolución ante tribunales, a través del Consejo de Defensa del Estado, aplicando el mismo criterio que utilizó en el caso Fundaciones.

Una segunda medida, aprobada en la comisión de Constitución, obliga a los notarios y conservadores a informar el listado de personal y sus remuneraciones. Gracias a un informe de América Transparente, sabemos que en 2022, un 51% de los notarios, conservadores y archiveros judiciales tenía algún grado de parentesco con un funcionario o exfuncionario del Estado, entre ellos, miembros del Congreso, del Poder Judicial y del Ejecutivo. La medida aprobada permitirá ir más allá y conocer el número de hijos e hijas de políticos y autoridades judiciales que trabajan para notarios y conservadores, como en el caso de Ossandón.

Un tercer tema que aborda el proyecto de ley es una reforma del mecanismo con que los notarios y conservadores son seleccionados y supervisados. Las medidas propuestas constituyen avances importantes. Incluyen sacar al Poder Judicial del sistema de nombramientos y que este pase a manos del Sistema de Alta Dirección Pública. También se incorporan al Sernac en la fiscalización de la calidad del servicio.

En su versión actual, el proyecto de ley daría mayor transparencia al funcionamiento y selección de los servicios notariales, llevando a una dinámica más sana en el sector. Además, podrían reponerse los artículos eliminados por la comisión de Constitución del Senado en la comisión mixta. No es el proyecto ideal, pero luego de décadas de proyectos frustrados, su aprobación sería un avance importante.