E n línea con su plan original, el Gobierno inició esta semana una serie de reuniones con organizaciones sindicales, en busca de un diálogo sobre negociación multinivel o ramal. Desde comienzos de su administración, el Ejecutivo había planteado su interés por impulsar una ley que regule la negociación ramal, y su compromiso con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es hacerlo antes de que termine el año, luego de un proceso de diálogo tripartito que involucre a organizaciones sindicales, al gobierno y al sector empresarial, y que serviría de insumo para elaborar el proyecto de ley.

La reunión de esta semana representaba el lanzamiento de estos diálogos; sin embargo, se realizaron sin la presencia de organizaciones gremiales del sector privado, luego de que se restaran la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y pymes, y contó solo con la presencia de la CUT y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además del Gobierno.

La negociación ramal es una mala manera de regular el mercado laboral. La homogeneización centralizada de condiciones laborales entre trabajadores que, ejerciendo sus labores en un mismo sector económico, lo hacen en empresas de distintas características genera una desventaja para la pequeñas y medianas compañías, y limita la libertad para definir condiciones específicas en las relaciones entre trabajadores y empleadores dependiendo, por ejemplo, de la intensidad en el uso de la tecnología.

La posición del Gobierno obedece a una mirada anticuada de las relaciones laborales, que niega la sofisticación que debiera darse en ellas hoy. No obstante, el Ejecutivo busca impulsar la iniciativa que, aunque tenga ahora pocas posibilidades de éxito legislativo, le permite dejar planteado el tema en la agenda futura de su sector.

El inicio de los diálogos tripartitos podría ser visto como una oportunidad para discutir experiencias y concordar ciertos puntos para la discusión legislativa. Pero a decir verdad, la izquierda ha ido abusando de los llamados diálogos sociales, aparentando una disposición que no se ha traducido en los proyectos presentados ante el Congreso. En el caso de las pensiones, por ejemplo, los diálogos sociales no significaron ningún cambio relevante en las propuestas del Ejecutivo, más allá de descartar algunas que no tenían ninguna posibilidad de éxito.

En este sentido podría entenderse la ausencia en estas reuniones de gremios de empresas grandes —como la CPC—, así como de gremios que agrupan a empresas medianas y pequeñas, que perciben en estos espacios poca disposición al diálogo. Debe reconocerse, sin embargo, que ante una propuesta de este tipo, es poco el espacio de negociación que existe a partir de las evidentes desventajas que tiene la iniciativa planteada por el Gobierno.