Señor Director:

En su carta de ayer, Rojas y Carvajal repiten lugares comunes esgrimidos por quienes buscan que la política imponga restricciones a la práctica médica. Hoy son jóvenes y familias quienes deciden junto a sus médicos, con la mejor evidencia disponible, lo mejor para su situación, caso a caso; para limitar esa libertad, se suele citar evidencia sesgada o errónea.

Lo primero a notar es que el Informe Cass no es un estudio, no aporta nueva evidencia, es solo un informe que revisa estudios ya considerados por especialistas. Este documento ha sido foco de críticas a nivel global y la Asociación Médica Británica (BMA) ha pedido que se detenga su implementación, se siga atendiendo a jóvenes trans y que “médicos, pacientes y familias deben tomar las decisiones con la mejor evidencia disponible, no los políticos”.

Pero tal vez el error más recurrente es afirmar un supuesto retroceso en Finlandia, que implementó una ley de identidad de género en 2023; Suecia, que bajó la edad para reconocimiento legal a los 16 años en 2024, y Noruega, que lo permite desde los 6 años con consentimiento de los padres. Estos países siguen brindando atenciones de salud a jóvenes trans, solo el Reino Unido lo prohíbe y no por consenso médico, sino por el informe de una profesional y una decisión política.

Concuerdo con los autores en que los padres deben ser bien informados, pero por sesgos políticos ocurre lo contrario: un informe y denuncias imprecisas se usan para sugerir restricciones severas, mientras que la opinión de profesionales especializados y de las familias que necesitan atención, se descarta. Así funciona la política, pero sería un grave error que funcione así la práctica médica, que debe evaluar basada en la mejor evidencia y decidir caso a caso.

Alessia Injoque
Directora Fundación Iguales