Bien hacen el Gobierno y el Congreso en buscar un acuerdo en pensiones. Aunque parte importante de la tensión en este tema se descomprimió a partir de la PGU, que aumentó significativamente las tasas de reemplazo de sectores de ingresos bajos y medios, sigue pendiente cerrar el tema. El problema radica en que el protocolo firmado mezcla dos asuntos que, estrictamente, deberían ser parte de debates distintos. Un dos-en-uno que vale la pena identificar.
Para aumentar las pensiones futuras es necesario aumentar las cotizaciones en cuentas individuales. Algo de solidaridad intrageneracional podría considerarse en el esquema, y algunas mejorías en la organización de la industria podrían evaluarse —aunque no cayendo en propuestas facilistas—, pero digamos las cosas como son: en lo fundamental, para mejorar las pensiones futuras hay que ahorrar más. Los detalles sobre estas modificaciones no son fáciles de incorporar, pero permiten complementar un pilar estatal fuerte (como es la PGU actual) y un pilar contributivo que, como dijo recientemente el máximo experto de la OCDE, es “lo que la lleva” en el mundo.
El punto crítico es que, además, hay un acuerdo sobre subir las pensiones a los jubilados actuales. Así, el protocolo firmado entre el Gobierno y la comisión de Trabajo del Senado establece que es necesario “incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse que aún tengan bajas tasas de reemplazo”, agregando que, “este beneficio (...) será transitorio y debe estar focalizado en mujeres y en personas de alta densidad de cotizaciones”. En otras palabras, este beneficio debe ser acotado al grupo que cotizó regularmente y cuyas pensiones siguen siendo muy bajas respecto de sus últimos ingresos.
La píldora venenosa está en el financiamiento, que se define como proveniente de un “seguro social”. Hasta ahora, ello apunta a financiarlo con cotizaciones de los trabajadores actuales, esto es, con un sistema de reparto. Arreglar el problema de los jubilados actuales con cotizaciones es una mala idea, especialmente si el beneficio se reconoce como “transitorio” y “focalizado”. Considerando la demografía actual y la debilidad en el empleo formal, el momento en el cual el “seguro social” será innecesario nunca llegará, y a partir de ahí un porcentaje mayor de las cotizaciones se destinará al reparto.
La economía política del asunto hace muy superior un esquema donde el beneficio transitorio y focalizado se financia con fondos generales y no con un impuesto especial al trabajo. Solo así serán verdaderamente transparentes ante los chilenos las prioridades en el uso de los recursos públicos: pensiones, salud, educación o seguridad.