Prácticamente todas las personas que habitan en Chile creen que el tráfico de drogas ha aumentado en los últimos 5 años (91%, según la última CEP). Ello es coincidente con la mirada de diversos expertos. Es difícil contar con números exactos sobre la presencia de bandas narco en el país: por su naturaleza ilegal, ellas se ocupan de no dejar rastro y además la gente teme hablar de ellas. Aun así, la CEP nos entrega datos sobre los cuales urge reflexionar.

Más de un cuarto de la población, el 28%, afirma que en su barrio hay bandas de narcotráfico. Un número todavía más grande, el 33%, no sabe o no contesta esta pregunta; un valor considerablemente más alto que la típica tasa de no respuesta, que se ubica en el rango de 1-7%. Muchos, seguro, efectivamente no saben si hay bandas en su barrio; pero una hipótesis más preocupante es que muchos otros no se atrevan a decir la verdad.

Si nos adentramos en el 28% que declara la presencia de bandas en sus barrios —un grupo cargado a sectores urbanos y de niveles socioeconómicos bajos—, vemos que el 22% afirma que estas bandas ofrecen acceso a bienes y servicios, mientras que el 21% dice que la gente de su barrio recurre a las bandas cuando tiene un problema. Nuevamente, no sabemos en qué medida estas percepciones están sesgadas por el miedo, pero de todos modos ellas hablan de un incipiente reemplazo del Estado por parte de bandas criminales. En esa línea, Juan Pablo Luna relata que, durante la pandemia, las bandas repartían canastas mejores que las que repartían el Estado y los empresarios. Todo ello sugiere que, para combatir el narco, el Estado debe aumentar su presencia local: si las personas perciben que ante un problema es mejor acudir a la banda antes que a la municipalidad, el narco solidificará su poder territorial, ganando apoyo de la gente y, más aún, generando relaciones de dependencia.

Todavía más grave, el 42% de quienes declaran que hay bandas en su barrio creen que ellas reclutan niños y adolescentes. Tal como afirma Verónica Zubillaga, quien ha estudiado el caso venezolano, ello clama por políticas sociales enfocadas en hombres jóvenes, un grupo que no suele ser prioritario. Esto además vuelve todavía más grave que en 2023 hubiera más de 50.000 escolares que, según el Mineduc, habían perdido toda vinculación con el sistema.

La encuesta CEP revela también que, para la ciudadanía, la principal característica de la cultura narco son las armas. De hecho, las armas de fuego dan cuenta de la mayoría de los homicidios en Chile y su incidencia en ellos ha crecido fuertemente en los últimos 5 años (Subsecretaría de Prevención del Delito). Aun así, creo que el control de las armas no ocupa el lugar que merece en el debate público; tampoco parece hacerlo en la educación de nuestros jóvenes. Zubillaga, incluso, abogaba por dejar la guerra contra las drogas y movernos hacia la guerra contra las armas.

Sobre la presencia de bandas criminales sabemos poco, hablamos poco y hemos hecho poco. Más vale que no se nos haga demasiado tarde.