Con 454 candidaturas ya validadas por el Servel, todo indica que los independientes fuera de pacto volverán a ser protagonistas en la disputa por las alcaldías. El número es algo inferior al de la elección de 2021, cuando fueron más de 500, pero aun así representa un 30,6% del total de postulaciones. En los partidos ello enciende alertas, considerando precisamente lo ocurrido en 2021, cuando 105 independientes lograron ganar alcaldías, sumando el 28% de los votos. Es cierto que aquellos fueron unos comicios anómalos, marcados aún por el clima posestallido. Pero aunque el país ha cambiado desde entonces, el descrédito de las colectividades políticas no se ha aminorado: apenas el 3% de la ciudadanía dice confiar en ellas, según la encuesta CEP.

A la luz de esos números, pues, la marca “independiente” parece mantener atractivo. El fenómeno, sin embargo, encierra complejidades. Desde luego, la experiencia de la Convención Constitucional mostró que el carácter de independiente no es sinónimo de asepsia política y que, al contrario, puede incluso servir de vehículo para plataformas radicalizadas. Por cierto, muchos de quienes hoy postulan como independientes son figuras con militancia partidista previa que decidieron ir “por fuera” para eludir los mecanismos de nominación de sus antiguas colectividades o exponerse a ser “bajados” en negociaciones. También hay candidaturas que, más que impulsar un proyecto, parecen destinadas a “pasar cuentas” o dañar a su propio sector; los poco exigentes requisitos (una postulación independiente debe reunir un número de firmas equivalentes al 0,5% de quienes hayan votado en la anterior elección) facilitan estas conductas. En fin, un riesgo especialmente preocupante es el del caudillismo, la consolidación de figuras que son en sí mismas una fuerza política ajena a cualquier institucionalización, sostenida a menudo en prácticas clientelares.

Parece así razonable evaluar reformas que, sin cerrar el paso a postulaciones independientes, eviten hacer de ellas un espacio para el aventurerismo. El voto obligatorio puede contribuir en el futuro, pues, al ampliar el universo de votantes, aumentará casi automáticamente el número de firmas necesarias para alcanzar el referido 0,5. Aun así, puede tener sentido elevar este último guarismo. El problema de fondo, sin embargo, va más allá: el fenómeno de los independientes es, en definitiva, otro signo del mal funcionamiento de nuestro sistema político, que lleva a una parte de la ciudadanía a depositar sus esperanzas en quienes se presentan como “outsiders”. Abordar esto supone reformas institucionales significativas —algunas fueron estudiadas en el último proceso constitucional— que incentiven la conformación de partidos sólidos y representativos. La solución, sin embargo, no se agota en los cambios legales: mientras las colectividades políticas no eleven sus propios estándares y en cambio insistan, por ejemplo, en nominar como candidatos a figuras investigadas por la justicia o cuyas gestiones acumulan cuestionamientos, la etiqueta “independiente” seguirá siendo un tentador recurso electoral.