El anuncio del grupo CAP de cerrar el complejo siderúrgico Huachipato, a pesar de haber conseguido que se impusieran derechos antidumping de 24,9% para el acero chino con el que competía, muestra lo que puede ocurrir cuando se intenta forzar la lógica económica por medio de medidas administrativas.

En efecto, la empresa Molycop, instalada en el país, y que utiliza dicho acero en la fabricación de bolas para la molienda de la minería, encontró otras fuentes proveedoras, como pudo haberse previsto; al parecer, también incidió el que los importadores con que compite ya se habían abastecido para este año a menor valor antes de la implementación de las sobretasas. Huachipato, según propia declaración, no pudo trasladar a precio ese 24,9%, por lo que la continuación de su operación se hizo insostenible. La compañía aseguró que en los últimos 5 años ha perdido US$ 700 millones, de los cuales US$ 385 millones fueron en 2023 y US$ 41,9 millones en el primer trimestre de este año. El mercado comprendió que el anuncio de cierre era positivo para CAP, y ese día sus acciones subieron un 4,86%.

La operación de Huachipato ha sido deficitaria desde hace mucho, con algunas contadas excepciones, por lo que su cierre había estado permanentemente sobre la mesa. El grupo CAP había evitado tomar esa medida, por lo simbólico de la siderúrgica —un esfuerzo de industrialización regional a mediados del siglo pasado—, por el hecho de haber sido una gran escuela ingenieril para muchos profesionales destacados, y por el orgullo que generaba en la región. Sin embargo, finalmente, la realidad de las cifras no le dejó otra opción.

El Gobierno, en voz del ministro Grau, reaccionó molesto. Grau había impulsado aprobar las sobretasas solicitadas por el propio Huachipato, y en la cuantía que este había pedido. Dejó sentir la frustración que le generaba el que su esfuerzo no hubiera fructificado, y afirmó que CAP y Molycop habían actuado irresponsablemente, permitiendo que miles de empleos se pierdan, al no “ponerse de acuerdo en un nivel de venta y un precio”. Sin duda, una frase desafortunada, que denota el voluntarismo de nuestras autoridades, cual si un “ponerse de acuerdo” bastara para ignorar la realidad en una economía globalizada.

El cierre de Huachipato es, efectivamente, doloroso para las familias involucradas. Aun así, no parece sensato continuar dilapidando cientos de millones de dólares a costa de los accionistas de CAP; tampoco, seguir lastrando la competitividad de nuestra economía con medidas proteccionistas cuyos costos paga el país. Los activos de Huachipato, sobre todo su excepcional terreno, pueden reciclarse en otras actividades relevantes, y las mayores ganancias futuras de CAP sin esta carga pueden invertirse en otros negocios rentables, todo lo cual generará más valor para el país que pretender prolongar artificialmente la agonía de la histórica siderúrgica.