Una buena reforma previsional es necesaria para aumentar las pensiones actuales y futuras de los chilenos. Esta convicción es transversal y será determinante para los trabajadores, el futuro del mercado de capitales, el crecimiento y la inversión extranjera en el país. El acuerdo logrado esta semana para tramitarla de manera general y particular con plazos establecidos es sin duda un avance, y va en línea con la necesidad de incorporar un foco técnico a la discusión.

Los tres elementos fundamentales para tener una buena reforma de pensiones son claros: 1) acordar un sistema progresivo para aumentar la edad de jubilación; 2) establecer un mecanismo efectivo para incrementar los ahorros individuales; y 3) reducir la informalidad. Estos tres puntos son críticos para aumentar las tasas de reemplazo.

Durante más de una década la clase política, la sociedad civil y el sector privado han dialogado para mejorar las pensiones de los chilenos. El avance más importante fue la aprobación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada a través del presupuesto anual. Esta iniciativa fue importante para enfrentar la necesidad urgente de los pensionados actuales, pero no se abordaron los problemas a largo plazo para implementar mecanismos que aumenten las tasas de reemplazo para una población cada día más envejecida y sin imponer una presión insostenible a las cuentas fiscales del país.

Se han realizado diversas propuestas, pero sin respuesta para enfrentar los aspectos fundamentales, tales como minimizar la informalidad. De acuerdo con datos del INE, la tasa de ocupación informal durante el trimestre abril-junio de 2024 se ubicó en 28,2%, creciendo 1,0 punto porcentual en doce meses, lo que representa más de 2,5 millones de personas.

Considerando los 600 mil colaboradores que representamos, durante los últimos años hemos presentado tres documentos con recomendaciones, organizado reuniones y seminarios informativos promoviendo un debate abierto para impulsar una buena reforma.

Dos de los ejes que más han generado discusión, aparte del destino del 6%, es la separación de la industria y licitación del stock de afiliados con foco en la reducción de costos, pero abriendo riesgos para la calidad de servicio a las personas y potencialmente arriesgando la rentabilidad de sus pensiones. Además, se han impulsado procesos adicionales que pueden aumentar costos y potencialmente reducir la rentabilidad y la libertad de elección, sin claridad técnica.

Vemos que, lamentablemente, se ha generado un ambiente que no es idóneo para una discusión de esta importancia, con propuestas complejas y difíciles de implementar. Se percibe una ansiedad de todos los sectores por aprobar una reforma que aparece como la construcción de un “Frankenstein”, generando un clima cada día menos constructivo y que no conduce a una solución que mejore las pensiones de los chilenos.

Es imperativo una reforma que aumente la edad de jubilación y que reduzca en forma relevante la informalidad para mejorar las tasas de reemplazo y que permita fortalecer los mercados de capitales para impulsar el crecimiento. No hemos llegado a esta propuesta, pero es lo que necesitamos para generar una amplia legitimidad dentro de la sociedad para lograr una solución a largo plazo que mejore las pensiones.

Deberíamos preguntarnos si estamos armando un “Frankenstein”, y reconocer que un “Frankenstein” no mejora las pensiones. Tenemos que evaluar el impacto en el mercado de capitales y el crecimiento del país, enviando un mensaje de institucionalidad y seriedad a los inversionistas extranjeros. Chile merece un mejor clima de colaboración enfocado en un solo norte: mejores pensiones para todos los chilenos y chilenas.

Roberta Valenca
Presidenta AmCham Chile