Señor Director:

Por cuarta vez este año hemos sufrido interrupciones masivas en el servicio eléctrico. En tres ocasiones ha habido miles de clientes sin electricidad por más de 20 horas y, en algunos casos, por más de dos días.

En la vida actual, la electricidad juega un rol más relevante en la vida de las personas que hace 50 años, cuando en la mayoría de los casos solo se interrumpía la iluminación, la TV y la refrigeración. Hoy dependemos de la misma para trabajar, estudiar, comunicarnos con nuestras familias y con el trabajo, informarnos, calefaccionar nuestros hogares, cocinar, por solo mencionar los usos más generalizados.

Debemos preguntarnos si los estándares exigidos a las empresas distribuidoras son los adecuados para la vida actual, y si los sistemas regulatorios están cumpliendo con su rol en forma coherente con las necesidades actuales. Todo indica que no es así.

En materia de información al cliente, la falta de ella es inexcusable en tiempos en que se debería poder conocer en línea la ubicación y el tipo de falla, ya que los sistemas informáticos existentes lo permiten. De la misma manera, los clientes deberían poder acceder en forma expedita a la misma información, y conocer el plan de recuperación de la empresa con solo ingresar su número de cliente. En la práctica, la experiencia de miles de familias en las fallas de este año muestra que no existe ninguna forma de saber si la falla que los afecta durará dos horas, un día o una semana, o si, al menos, hay planes de repararla.

La información que entrega el Gobierno se limita a exponer el inventario de daños, sin incluir nada útil para los afectados. Solo saber que son parte de un grupo enorme de compatriotas.

Respecto de la gestión regulatoria, cabe preguntarse con qué criterios se diseña la empresa “modelo” en base a la cual se fijan las tarifas a las distribuidoras. Las exigencias en cuanto a sistemas de información, redundancia en las líneas de alimentación, estándares de mantenimiento, equipamiento para responder a fallas, son críticas y deben estar a la altura de las necesidades y posibilidades técnicas de hoy. Nada indica que esto esté ocurriendo.

Cuando se reclama por la frecuencia de las fallas y la fragilidad de los sistemas de distribución y se menciona que en países de la OCDE la frecuencia y duración de fallas por lluvia o nieve es muchísimo menor, algunas empresas aducen que en esos países los sistemas son subterráneos y en Chile son aéreos, y por eso están expuestos a los eventos climáticos. Ese argumento no solo es falso. Es abusivo para con la ciudadanía, que no tiene en general elementos para rebatir información errónea. En la mayoría de los países desarrollados, los sistemas son subterráneos en el centro de las ciudades, pero aéreos en los suburbios residenciales. Más del 70% de la distribución urbana es aérea, y por experiencia personal puedo indicar que en 10 años en un barrio residencial en una ciudad de Estados Unidos, solo viví una interrupción del servicio con ocasión de un tornado en el área en que vivía. Esto, en una ciudad afectada por frecuentes lluvias torrenciales, nevadas y tormentas eléctricas, en todas las estaciones del año.

Uno de los problemas que se menciona como causa de los cortes son las caídas de árboles que afectan las líneas. Efectivamente, un recorrido por zonas residenciales permite observar la gran cantidad de árboles cuyas ramas prácticamente descansan sobre las líneas. La responsabilidad de mantener los árboles plantados y podados de forma que no afecten el sistema eléctrico recae en los propietarios de las viviendas, la empresa distribuidora y las municipalidades. Es evidente que en esta materia la gestión es altamente deficiente, y cabe preguntarse qué lo justifica.

Ante las deficiencias que estamos viviendo, imagino que más de alguien intentará impulsar algún cambio legal para resolverlas. La solución no requiere cambios legales. Requiere que cada una de las organizaciones sectoriales haga bien su trabajo, y las leyes actuales son suficientes para exigir esto. Las empresas deben ponerse a la altura de los tiempos y establecer como su misión dar un servicio de alta calidad, apoyándose en las soluciones que ofrece la tecnología hoy en día. La Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles deben integrar las exigencias adecuadas en la fijación de tarifas y fiscalizar con rigor su cumplimiento. Y las municipalidades, al menos, deben fiscalizar y multar a quien corresponda cuando la mantención y poda de árboles no se cumplan. Salir del subdesarrollo requiere combatir la mediocridad en la gestión pública y privada, e instalar la cultura de la excelencia a todo nivel.

En este caso pareciera que estamos perdiendo la batalla.

Vivianne Blanlot
Ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, directora de empresas