Llama la atención la frecuencia con la que en los medios y el debate público se afirma que la informalidad ha ido aumentando progresivamente. Ello no es así. La tasa de informalidad —el porcentaje de personas en una ocupación informal— era del 28,4% el 2018 y también el 2019. De acuerdo a las estadísticas más recientes del INE, hoy alcanza el 28,2%. Típicamente fluctúa entre el 27 y el 29% sin una tendencia.

La informalidad es motivo de preocupación. En ocasiones se trata de empresas y trabajadores que producen y comercializan bienes y servicios fuera de los marcos legales con el fin de eludir los costos que ellos acarrean. En otros casos se trata de personas excluidas del mercado formal y a quienes no les queda más que obtener ingresos de este modo.

Algunos enfatizan que la clave para lograr mayores pensiones y recaudación fiscal está aquí: atrayendo a estas personas y empresas a los mercados formales. Algo de eso es cierto, pero los mecanismos que se puedan implementar para formalizar a estas actividades y puestos de trabajo dependen centralmente de lo que hay detrás de las cifras.

En mi columna del mes pasado en este espacio describí lo que oficialmente se entiende por informalidad en Chile y cómo esa definición no necesariamente se ajusta a la premisa que se suele tener respecto de la informalidad. En pocas palabras, oficialmente ocupados informales son aquellos trabajadores que no realizan cotizaciones de salud y pensiones por medio de un vínculo laboral con un empleador, además de familiares no remunerados, trabajadores por cuenta propia y empleadores que producen en el sector informal —en empresas no registradas ante el SII o sin contabilidad separada—.

Esta definición no calza necesariamente con la idea de vulnerabilidad y baja productividad que hay detrás del imaginario sobre la informalidad. Por ejemplo, incluye a los trabajadores a honorarios que cotizan porque no lo hacen por medio de un vínculo laboral con un empleador. También a los asalariados en edad de jubilar que cotizan para salud y no para su pensión porque no tienen la obligación legal de hacerlo.

Es posible acercarse a algunas premisas alternativas respecto de lo que es la informalidad sobre la base de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, por ejemplo, midiendo la actividad económica al margen de la regulación. Para el levantamiento más reciente, si uno pone el foco en empleadores dueños de empresas no registradas ante el SII o sin contabilidad separada, en trabajadores que no dan boletas de honorarios ni tienen contrato y en familiares no remunerados, la tasa de informalidad sería del 23,7%, unos 4,5 puntos menor que la oficial. El mismo ejercicio para 2018 reduce el foco desde el 28,4% de los ocupados al 23,8%, un cambio similar. A ello se le puede restar la pequeña fracción de asalariados que dice trabajar en el sector público y no tener contrato ni dar boletas de honorarios (del orden del 0,3% del total bajo la medida alternativa), pues probablemente se trata de un error de medición.

Como es de esperar, los trabajadores por cuenta propia y empleadores abarcan a la mayoría de los casos —un 65% dentro de esta medición alternativa y, por cierto, más que el 55% bajo la medición oficial—. Un 76% no alcanzó la educación superior (técnica o universitaria), muy por sobre la fracción en la población total ocupada formal o informal (53%). No se aprecian diferencias sustantivas por género en relación al total de ocupados, aunque sí se observa una mayor relevancia de trabajadores sobre los 55 años de edad (29% en este grupo versus 21% en la ocupación total).

Dadas estas características, es razonable suponer que el grupo de personas a formalizar son personas de menores salarios y mayor vulnerabilidad, personas a quienes la carga de las regulaciones se les hace más pesada. También es factible suponer que, por sus condiciones de vida, tienen menos acceso a los mercados formales. Al mismo tiempo, permite imaginar que no hay mucho potencial de recaudación fiscal a partir de la eventual formalización de estos grupos, ni tampoco aumentos muy sustantivos en sus pensiones dada la relevancia de la PGU.

Por cierto, ello no significa que no se deban hacer esfuerzos hacia su formalización. Solo que los aportes eventuales de estas acciones en reducir la estrechez fiscal y elevar las bajas pensiones probablemente no sean significativos. En este sentido, las iniciativas de un monotributo y de reordenamiento de la oferta y generosidad de los subsidios al empleo formal representan mecanismos importantes a considerar, aun cuando no sea mayoritario el grupo de personas que pueda acogerse a ellos.

Al mismo tiempo, la experiencia internacional muestra que la informalidad se reduce muy lentamente con el desarrollo, porque no basta con subsidios ni regulaciones más livianas para sumar a los que están más alejados de la formalidad. En esos casos, incorporar a las personas a los mercados formales requiere de cambios más estructurales que incluyen una educación de calidad, apoyo al cuidado y un mejor acceso a las oportunidades de empleo formal por medio de vivienda integrada y un sistema eficaz de transporte público.