Luego del ostensible fraude en las elecciones de Venezuela, la agudización de la represión, la persecución y las amenazas del régimen de Nicolás Maduro en contra de los líderes de la oposición y de cualquiera que disienta de la verdad oficial —esté o no en su territorio—, sumados a la desesperación e impotencia que sufren millones de migrantes repartidos por el mundo al ver que nuevamente el chavismo puede frustrar la posibilidad de regresar a su país y reencontrarse con sus familias y amigos, sorprenden las frías y tardías declaraciones de quienes por su trayectoria se hubiese esperado mayor firmeza y claridad en estas horas cruciales. Es el caso de la expresidenta Bachelet, quien, pese a su protagonismo de los últimos meses —en que sí se ha referido lata y reiteradamente a su inquietud por la “irrupción de la extrema derecha”—, solo ayer hizo un pronunciamiento sobre el caso. En él, manifestó su “profunda preocupación y firme apoyo a la necesidad de una total transparencia sobre los resultados de las elecciones en Venezuela”, como si no hubiesen pasado otras cosas en estos días de silencio, y se tratara de una mera discrepancia o falta de disposición de un país democrático, y no de la perpetuación de una dictadura para la cual estos comicios han sido solo una fachada para mantenerse en el poder.

Quienquiera que en estos días haya visto la actuación y escuchado las declaraciones de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, así como del fiscal general, Tarek William Saab, y de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y el órgano electoral (CNE), entre otras, puede fácilmente advertir que hoy en Venezuela no existen ni por asomo instituciones independientes y mínimamente creíbles. Al contrario, cada cual juega su papel, muchas veces grotesco y delirante, en el engranaje de un régimen totalitario. Es cosa de oír, por ejemplo, los últimos discursos de Maduro, en que, erigido como juez superior, no duda en acusar, insultar, amedrentar y condenar sin proceso alguno a sus adversarios, incluyendo en sus alocuciones la difusión de videos en que aparecen detenidos obligados por la policía a autoinculparse e incriminar a otros (idealmente, líderes de la oposición). Una parodia de Estado de Derecho que, si no fuera por el sufrimiento infligido a millones de personas, daría para una comedia en vez de un drama.

De ahí que, tanto en la oportunidad como en el tono, haya un evidente contraste, si se comparan las palabras de Bachelet con las del Presidente Boric o las de diversas figuras socialistas, como la senadora Allende (PS), quienes sí han sabido representar a un amplio sector republicano del país, y cuyos profundos alcances políticos dentro de la coalición son todavía insospechados.

Inverosímil resulta también que, después de las expresiones del Presidente Boric y de un amplio sector de los partidos de gobierno y la DC —con la gran excepción del PC, uno de cuyos diputados fue observador internacional y contribuyó a avalar el proceso eleccionario—, se haya inscrito como candidato único del oficialismo para la gobernación de la Región del Biobío al exsenador Alejandro Navarro, quien seguramente es el político nacional más cercano al chavismo. No solo se trata de quien en 2017 declaró estar dispuesto a ir a Venezuela como un “soldado” si Maduro se lo pidiese, sino que en 2023 consideró que el “Presidente Boric cometió un error al corregir a Lula” sobre la situación en ese país, y hace solo algunas semanas, a propósito de las declaraciones que realizó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusando una supuesta participación de agentes chilenos en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, sostuvo que eran graves y que la fiscalía de nuestro país debía investigarlas, ya que, conociendo al fiscal venezolano, “debe estar informado y bien informado”. Es decir, se puso del lado del controvertido Saab, quien no ha dudado en descalificar al Presidente Boric y que, en vez de colaborar con Chile, ha procurado interferir en la investigación judicial. Insólito es que una figura así sea el rostro del oficialismo en la contienda electoral penquista. ¿Qué mensaje es el que se quiere transmitir a los votantes del Biobío? Esto, por cierto, sin siquiera mencionar el impacto que para la población migrante venezolana de la región significa el que pueda ser encabezada por alguien tan cercano al régimen opresor del que han escapado.

Una decisión como esta —más allá de intentos tardíos por marcar distancia— constituye el más claro e inquietante desmentido a las sentidas declaraciones que, solo horas antes del cierre de las inscripciones, habían hecho el senador Lagos Weber (PPD) y otras figuras del Socialismo Democrático, en orden a que “no quiero estar en una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”.