Señor Director:

La reducción de la multa por no votar a $33.000 representa un nuevo golpe a nuestra democracia. Anteriormente, la sanción era cercana a $200.000, lo que estaba en consonancia con el deber constitucional de participar en los procesos electorales e incentivaba a los juzgados de Policía Local (JPL) a efectuar los cobros correspondientes.

Con la modificación de la multa, se incentiva la abstención debido a que la sanción será baja, y los JPL no tendrán motivación para cobrar estas multas. El costo de notificar una resolución al domicilio de quien no vota es de $30.000, lo que hace que el cobro de la multa no sea rentable.

En comparación, es más rentable emitir multas por estacionar a menos de 10 metros de una esquina, cuya sanción es de $64.990. En estos casos, no es necesario notificar y, si la multa no se paga, no se puede obtener el permiso de circulación al año siguiente.

Cristóbal Cifuentes Torres
Académico Derecho U. San Sebastián