Sus propios errores al abordar públicamente la situación de su padre —condenado a seis de años de presidio por abusos sexuales contra dos menores— terminaron haciendo insostenible la permanencia del senador Javier Macaya en la presidencia de la UDI. Enfrentado a un escenario humanamente difícil y bajo el hostigamiento de las redes sociales, el parlamentario no logró establecer una tan compleja como necesaria separación entre sus lealtades familiares y sus responsabilidades como dirigente político y congresista, llamado a honrar la independencia de los tribunales. En efecto, siendo legítimas sus convicciones personales respecto de su padre, erró —como él mismo lo ha reconocido— al cuestionar de modo público parte de la prueba rendida en el juicio. Por cierto —y a diferencia, por ejemplo, de la mesa del Partido Comunista frente al caso Jadue— el senador se ha manifestado siempre respetuoso de las decisiones judiciales, no ha pretendido victimizar a su progenitor ni atribuido motivaciones subalternas a fiscales y jueces. Aun así, sus palabras fueron imprudentes, impropias del presidente de una colectividad, y, paradójicamente, contribuyeron al objetivo de quienes durante meses habían buscado transformar este caso en una causa política en contra suya y de su partido.

Ningún análisis podría prescindir de este último elemento.

Desde el momento en que se conocieron las denuncias contra Eduardo Macaya, sectores radicalizados iniciaron en redes sociales una grosera campaña de descalificaciones e insultos contra el ahora expresidente de la UDI, pretendiendo hacerlo de alguna forma responsable de las conductas por las que su padre fue hace algunos días condenado. Ello no solo transgrede principios jurídicos básicos, sino que da cuenta de los niveles de degradación del debate público a que han conducido dichas redes. Las cuestionadas declaraciones del senador, el domingo, y la decisión de la Corte de Rancagua, el lunes, de revertir la prisión preventiva y dejar a Eduardo Macaya bajo arresto domiciliario mientras la sentencia condenatoria no sea ejecutoriada, llevaron la situación a un nuevo nivel. Los bots dieron ahora paso a figuras oficialistas que, con nombre y apellido, se han dedicado a replicar la dinámica de las redes sociales, confundiendo situaciones y procurando inflamar la discusión.

Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, y el propio gobierno, parecen haber visto aquí una inesperada ocasión para reverdecer sus antiguas pretensiones de pureza moral, cual si la estridencia les confiriera autoridad. Así, a propósito de la decisión de la Corte, se han apresurado a denunciar que este caso sería una muestra de que en Chile “hay dos justicias” (Francisca Bello, Frente Amplio), “justicia para ricos y para pobres” (Matías Ramírez, PC), donde todo lo hecho por el sistema judicial “es descarado, violento, impúdico” (Carmen Hertz, PC). Mientras, la diputada Catalina Pérez (imputada en el caso Democracia Viva) ha pedido priorizar la “Ley Macaya”, un proyecto para impedir el levantamiento de medidas cautelares en este tipo de delitos a cambio del pago de una fianza. También el Presidente Boric —cauto y silencioso cuando se trata de otros temas— ha aprovechado para sentenciar: “la justicia se legitima en la medida que todos somos iguales ante la ley”... en un episodio en que en rigor el mayor privilegio que habría recibido Eduardo Macaya (haber permanecido en la enfermería y no en una celda del recinto penitenciario de Rancagua) le habría sido concedido por Gendarmería, una institución dependiente del propio Ejecutivo. Y mientras, en lo más cercano a las lógicas cancelatorias que prevalecieron en los días del estallido, el Frente Feminista del Frente Amplio difunde en redes sociales llamados a manifestarse en las afueras del Congreso contra el senador Macaya, acusándolo de “encubridor” y pidiendo su renuncia (¿ahora al Poder Legislativo?).

El abuso de menores es un delito aberrante que desafía a toda la sociedad. Este mismo caso ha planteado importantes preguntas respecto, por ejemplo, de cómo lograr un adecuado equilibrio entre la transparencia del proceso penal y la protección de las víctimas. Pero también ha dado lugar a nuevas constataciones del deterioro de nuestra convivencia política, a debilidades inexcusables de dirigencias partidarias y al aprovechamiento oportunista por parte de quienes pretenden usar en beneficio propio el justificado repudio ciudadano hacia conductas inaceptables. Lejos de todo ello, el dolor de las víctimas demanda un respeto y una prudencia hoy muy ausentes.