Aunque el anuncio original estuvo marcado por el apresuramiento y las imprecisiones, es en sí una buena noticia que entre las medidas para enfrentar la crisis de seguridad el Gobierno haya dispuesto la construcción de una cárcel para internos de alta peligrosidad. Se trata de una medida en la que existe amplio consenso entre los especialistas y que debió haberse materializado hace bastante tiempo. Existe una relación muy estrecha entre la situación de las cárceles y la realidad de la delincuencia. Cuanto peores sean las condiciones al interior de aquellas —y en Chile estamos ad portas del colapso—, más proliferará y se arraigará la delincuencia a su alrededor. La extendida incomprensión de esta correlación es una de las razones que explican la actual crisis.

El anuncio tiene lugar tras una seguidilla de sucesos violentos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). Solo en el mes de junio se reportaron 15 eventos de violencia, que dejaron a más de 10 gendarmes lesionados y cerca de 200 millones de pesos en daños a las instalaciones. Las circunstancias de estos hechos son realmente sorprendentes. Contra la experiencia común de que los internos convierten cualquier trozo de metal en un arma, resulta que en el Repas pudieron hacerse fácilmente de los restos metálicos de una mesa de pimpón, con los que luego atacaron a los gendarmes. Los edificios son tan antiguos y mal construidos que escarbar con los cubiertos en la pared junto a los artefactos sanitarios permite abrir un forado y salir de la celda. Por las escotillas para recibir la comida se puede sacar la mano y entregar cartas o incluso objetos de una celda a otra, hasta cubrir sucesivamente ocho celdas con este sistema de “correspondencia”.

Por si fuera poco, los muros que separan un patio de otro son escalables, lo que permite a los reclusos reunirse en un número muy superior al permitido. Algunos gendarmes denuncian además que los aparatos de radio que les entregan para comunicarse durante una emergencia no funcionan debido a los inhibidores de señal o a otras causas. Asimismo, y a juzgar por los relatos de los eventos del 6 de junio, aparentemente los gendarmes acuden sin casco a contener una revuelta, como consecuencia de lo cual reciben severos golpes en la cabeza. Y mientras los internos se cubren el rostro para no ser identificados durante los desmanes, los cabecillas de las bandas conocen el nombre y apellido de cada gendarme, igual que sus rostros. Las amenazas —“sabemos dónde vives”, “te vamos a colgar en el patio”, “si no matamos a un funcionario, vamos a elegir a un interno para matarlo”— y los seguimientos a los funcionarios fuera del penal están a la orden del día. ¿Qué clase de recinto de alta seguridad es este?

Igualmente sintomático es que los reclamos del 6 de junio comenzaran debido al corte generalizado de luz que se produjo desde el día anterior, y que impedía a los internos encender sus televisores para informarse y distraerse. Respecto de los inhibidores de señal telefónica, existen opiniones encontradas. Según el Ministerio de Justicia, esta tecnología ha permitido bloquear más de 10.000 teléfonos, más de 15.000 chips y más de mil redes inalámbricas de datos. Sin embargo, por una parte, no pocos testigos reportan que las comunicaciones seguirían teniendo lugar —bastaría con revisar la red social TikTok para constatarlo—; por otra, cabe preguntarse cómo es posible que, de acuerdo con estas cifras, en las cárceles de Chile exista un teléfono celular por cada 5 internos.

El próximo jueves 25 de julio debería celebrarse una sesión especial en el Senado para tratar estos temas. Ojalá que no concluya una vez más en lo mismo, las leyes para incrementar las penas por tal o cual delito. El problema es gigantesco y el caso del Repas ni siquiera es el más grave. Todo el sistema carcelario requiere una urgente cirugía mayor.