Lamentablemente, ya no es novedad que nuestros centros urbanos estén en decadencia y abandonados. Este fenómeno, que no se daba desde los años 90, resurgió gracias al estallido social, que destruyó parte de nuestra base comercial, y a las malas administraciones comunales que fomentaron el comercio ambulante. Dos ejemplos de ello son las veredas del Congreso Nacional, atiborradas de toldos azules y vendedores ambulantes, y el centro de Santiago, cada vez menos seguro y transitable.

El comercio informal sigue la misma lógica que otras tiendas y se ubica en zonas de alto tráfico para beneficiarse de una demanda “capturada”. Esto no solo impacta en la habitabilidad del territorio, sino que también compite con locales formales que pagan una serie de tributos, como contribuciones e IVA. Entonces, sin una gestión municipal adecuada, son las mismas administraciones las que contravienen su desarrollo local.

En este escenario, resulta cuestionable la falta de visión de algunos ediles. Por ejemplo, la alcaldesa Hassler (PC) buscó “democratizar espacios públicos” entregando más de mil permisos a comerciantes ambulantes. A pesar de la oposición de los emprendedores y expertos, sus definiciones fueron costosas, al punto de tener que desdecirse y tomar medidas para evitarlo, lo que probablemente se debe a un acto propio en año de elecciones. La administración de Sharp (MT) actuó de forma similar y ahora alude a la “fiscalización permanente” contra ellos.

A pesar de los nuevos esfuerzos de ambos alcaldes, la vacancia comercial todavía no se recupera, ya sea por la quiebra de negocios o porque algunas empresas optaron por irse al no contar con las garantías mínimas para su operación. Lo anterior deja de manifiesto el rol de la mala gestión local, pues el comercio se fuga incluso si se trata de dos comunas con la mayor fuerza centrípeta del país.

En particular, lo de Valparaíso es preocupante tanto desde un punto de vista urbano como político. Y es que el fomento al comercio ambulante percoló al punto de que este se emplaza en el Congreso Nacional, ofreciendo una de las postales más tristes de una ciudad en declive: la ley de la calle prima en las veredas del Poder Legislativo. La presencia de comercio informal en un lugar tan simbólico desdibuja la autoridad y el orden que deberían caracterizar a estos espacios.

Probablemente, sin pensarlo, tanto la alcaldesa Hassler como el alcalde Sharp dieron una señal errónea al crear desventajas sobre el comercio formal, el que paga tributos y genera empleos —lo que no es nuevo en la coalición, pues el anuncio de la condonación del CAE llevó a un efecto similar que generó niveles de morosidad históricos—. La historia nos ha enseñado que esto tiene efectos significativos en la desigualdad que arguyeron cambiar en el período de campaña anterior, pues las empresas simplemente se aglutinan en zonas de mayores ingresos, como sucede en Concón, en el Gran Valparaíso y en el sector oriente del Gran Santiago.

En síntesis, es necesario que nuestras administraciones locales tomen medidas con visión de largo plazo, pues su deficiente gestión es uno de los principales factores que explican la decadencia de nuestros centros urbanos, fenómeno sobre el que diversos urbanistas y alcaldes trabajaron décadas para revertir a inicios de este siglo.

Si continuamos con el otorgamiento de permisos o la falta de control para evitarlo, solo fomentaremos la permanencia de la informalidad, socavando a emprendedores y debilitando aún más nuestro desarrollo local. ¿Qué esperamos para actuar?

Ignacio Aravena
Investigador Fundación Piensa