Quince personas han muerto a balazos en el breve lapso de apenas dos o tres días. Si la muerte es un asunto habitual (una costumbre que suele tener la gente, dice Borges), y si una muerte a balazos puede ser incluso un asunto policial, la muerte a balazos de quince seres humanos en un breve lapso no es ni natural ni policial.

Es un asunto político.

El Estado —es imprescindible recordarlo una y otra vez— es un aparato que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la fuerza física, evitando así que ella se enseñoree en las relaciones sociales. Es la paradoja del Estado: concentrar la fuerza para disminuir su presencia en nuestras vidas. Y llevar adelante esa tarea —nada menos que poner al Estado a la altura de su esencia— le corresponde a la autoridad política, a quienes bregaron incansablemente por hacerse de él. Y si por torpeza, prejuicio ideológico, incapacidad, somnolencia o lo que fuera, el Estado pierde el monopolio de la fuerza o es incapaz de poner orden, entonces la responsabilidad recae en la autoridad política, en el jefe del Estado y en el aparato gubernamental.

En otras palabras, en el Presidente Gabriel Boric y sus ministros y ministras.

Esa responsabilidad es política y equivale a lo que los abogados llaman responsabilidad por los resultados: en materia de seguridad pública, la autoridad no puede excusarse arguyendo que hizo sus mejores esfuerzos para proteger a la ciudadanía, para evitar que el hombre fuera un lobo para el hombre como desgraciadamente está hoy ocurriendo. Si la violencia se enseñorea de las calles, ello es simplemente un fracaso de quienes conducen el Estado. Desde octubre del año dos mil diecinueve se expandió en Chile la idea, que fue ampliamente compartida por intelectuales, académicos y figuras públicas, de que la tarea del Estado era ante todo la de alcanzar la igualdad o la justicia distributiva concebida como un ideal moral y económico. Ese objetivo —sin duda valioso a condición de que no encandile hasta impedir ver los otros— pareció enceguecer de entusiasmo a la opinión pública y al aparato gubernamental en Chile hasta el extremo de ensombrecer la función básica del Estado. Es verdad que los problemas de seguridad se venían arrastrando desde mucho antes; pero es solo a contar de ese momento que se produjo una especie de inhibición en la tarea de controlar la violencia, una suerte de freno de la conducta estatal que consiste, mediante su aparato, en poner orden mediante el ejercicio de la fuerza legítima que la ciudadanía ha puesto en sus manos.

Se configuró así la paradoja que hoy estamos padeciendo: el Estado, en vez de reprimir a quienes emplean la violencia, se reprime a sí mismo y no logra empinarse a la altura de su deber. Y, por supuesto, no basta con explicaciones del tipo de las que formuló, algo al pasar, el subsecretario del Interior: son ajustes de cuentas entre bandas, dijo, como si ello fuera admisible en un Estado democrático comprometido con sus deberes, como si se pudiera diagnosticar la existencia de bandas armadas y los enfrentamientos entre ellas para excusarse de cumplir los propios deberes que son, como queda dicho, obligaciones de resultado, no de medio, no deberes de conducta, sino la garantía ante los ciudadanos de que hay cosas que simplemente no ocurrirán como que haya quince personas muertas a balazos en apenas dos o tres días. Esa garantía, por llamarla así, se ha incumplido, se está incumpliendo de manera flagrante (mientras algún personero gubernamental ocupa su tiempo en discernir interpretaciones cantinflescas para disminuir el patrón electoral).

Las autoridades políticas no deben fungir de intelectuales que dudan frente al sentido de los acontecimientos, ni deudores de obligaciones de conducta, ni personas que se excusan una y otra vez describiendo circunstancias o culpando a quienes le antecedieron. Al menos cuando se trata de evitar que las personas mueran a balazos, el Presidente y los ministros tienen obligaciones de resultado. Y hasta ahora las incumplen de manera flagrante.

Carlos peña