“Un, dos, tres… un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres… un pasito p'atrás”. El coro del éxito de Ricky Martin describe fehacientemente la discusión sobre tarifas eléctricas. Después de años de congelamiento de tarifas —la receta perfecta para detener la inversión—, el Gobierno decide, valientemente, liberarlas. Un pasito pa'lante. Pero acto seguido y presionado por moros y cristianos, decide introducir un subsidio al consumo eléctrico para una masa significativa de gente que vuelve a generar fuertes distorsiones, que tiene alto costo fiscal y que será difícil revertir en el futuro. Un pasito p'atrás.
La inclinación para ayudar a la gente más necesitada está en la naturaleza humana. Los políticos tienen, además, el incentivo de la reelección. El problema radica en que la manera que han elegido para hacerlo es la peor posible. Las fijaciones de precios en servicios básicos —vieja política abrazada por los peronistas— hace que la inversión se detenga. ¿Quién querría invertir con precios fijados en niveles bajos? En el corto plazo, la fiesta. Como los amigos argentinos, que cuando hacía calor, no bajaban la calefacción, sino que abrían sus ventanas. Pero en el largo plazo, el racionamiento y la baja en la actividad económica son inevitables.
Ajustar las tarifas es una decisión correcta del Gobierno. Pero solucionar el ajuste con un subsidio es equivalente a desvestir a un santo para vestir a otro. El subsidio anunciado apunta a abaratar la electricidad para el 40% de la población, con un costo de 350 millones de dólares por año. La petición para ampliarlo al 80% de los hogares fácilmente dobla ese costo. Además, estos precios mentirosos generan un consumo excesivo de electricidad y con ello, una pérdida de bienestar a la sociedad por recursos mal usados. El fin al congelamiento de precios devuelve la racionalidad económica a los productores, pero las malas políticas —esta vez, con una política fiscal injustificada— no son señales inocuas para los inversionistas, que ven que las chapucerías son cada vez más comunes.
Los mecanismos de ayuda deben buscarse por otro lado. La solución pasa por no tocar los precios, sino aumentar los ingresos. Por eso, salvo contadas excepciones, bien valdría la pena eliminar los miles de subsidios y programas deficientes en el sector público, reducir la burocracia que los administra y entregar los pesos directamente a las personas. Programas bien diseñados, que no desincentiven el trabajo, permitirían ayudar a las personas más necesitadas, aumentar la disponibilidad de recursos públicos y evitar la regresión kirchnerista que se está apoderando de izquierdas y derechas.