El concepto de informalidad se utiliza para describir a empresas y trabajadores que producen y comercializan bienes y servicios fuera de los marcos legales. Por lo general, se asocia a actividades de baja productividad y sin acceso a servicios públicos o protección social. Por lo mismo, se asocia a vulnerabilidad, pues conlleva un menor acceso a mecanismos que mitigan riesgos de enfermedad, desempleo y pobreza en la vejez. Al mismo tiempo, debido a la informalidad, el país pierde recaudación fiscal y otros aportes que realizan los trabajadores formales.

Hay razones muy diversas para la actividad informal. En ocasiones es una elección: se busca evitar impuestos y regulaciones o aprovechar cierta flexibilidad y autonomía. En otros casos, no hay opción: se trata de personas que, por sus circunstancias, no tienen cabida en el mercado formal. En ese caso, la informalidad tiene un lado positivo, pues otorga oportunidades a quienes son excluidos.

La definición oficial actual de informalidad laboral en Chile está basada en las recomendaciones de organismos internacionales especializados y está operativa desde mediados del 2017. En términos generales, ocupados informales son aquellos trabajadores que no realizan cotizaciones de salud y pensiones por medio de un vínculo laboral con un empleador. También incluye a todos los familiares no remunerados y a los trabajadores por cuenta propia y empleadores que participan del sector informal —en empresas no registradas ante el SII o sin contabilidad separada—.

Desde el inicio de su medición bajo esta definición, la tasa de informalidad —el porcentaje de ocupados clasificados como informales— ha permanecido prácticamente constante. Alcanzaba el 29% hacia fines de 2017 y, excepto durante la pandemia, ha fluctuado en torno al 27% y 28%. La medición más reciente la fija en un 28,2%.

Una mirada cuidadosa a la definición tras esta medición sugiere heterogeneidad en cuanto a la vulnerabilidad y desprotección que experimentan quienes están calificados como ocupados informales.

Por ejemplo, un trabajador independiente que entrega boletas de honorarios tiene una relación comercial y no laboral, y, por tanto, aunque cotice, es informal, porque no lo hace a partir de un vínculo con un empleador como requiere la definición oficial. Un estudio reciente del Consejo Consultivo Previsional estima que unos 500 a 600 mil trabajadores independientes que dan boletas de honorarios están cotizando para sus pensiones desde que la Ley 21.133 del 2019 inició esa obligación. Esto es, hoy cuentan con la misma cobertura de protección social que un asalariado dependiente formal, aun cuando son clasificados en la informalidad.

Otro ejemplo son las personas ocupadas que ya cumplieron la edad legal de jubilación y, por tanto, no están obligadas a cotizar para su pensión. La tasa oficial de informalidad en este grupo es alta (un 54%), pero un 40% de ese total son personas para las cuales sus empleadores realizan la cotización de salud, pero no la de pensión. Por ello son clasificadas como informales, aun cuando cuenten con protección previsional y de salud.

Un ejemplo adicional son los trabajadores informales que tienen estudios superiores completos, algunos incluso maestría y doctorado. Ellos representan cerca de un 30% del total de informales. Si bien la Encuesta de Empleo del INE no reporta sus ingresos, seguramente están lejos de la vulnerabilidad. Aparecen como informales por el modo en que se vinculan con el mercado laboral.

La estrategia para enfrentar la informalidad depende centralmente de qué hay detrás de la clasificación de cada trabajador. En el caso de los independientes de mayores recursos, se requirió legislar la obligación de cotizar. Ahora tienen los mismos deberes y derechos que los demás trabajadores y, de crearse un fondo común en pensiones, también aportarán y accederán a prestaciones.

En otros casos, la estrategia guarda relación con incentivos. Se puede revisar regulaciones excesivas y se puede hacer más rentable el empleo formal de quienes tienen salarios más bajos reordenando la oferta actual tan disgregada de subsidios pequeños.

Cuando se trata de trabajadores en mayor vulnerabilidad, sin embargo, es importante no desconocer que, debido a sus contextos de vida —por vivir lejos de las oportunidades de empleo, tener que cuidar a otros o experimentar discriminación, por ejemplo—, estos subsidios no los alcanzarán por generosos que sean. Ellos necesitan otro tipo de apoyos en el corto plazo.

La informalidad se reduce muy lentamente con el desarrollo. En plazos más largos, superar la informalidad asociada a vulnerabilidad pasa por reformas importantes: educación de calidad, mayor productividad, viviendas integradas, acceso a cuidado y un buen transporte público. También pasa por un sistema regulatorio eficiente con exigencias que signifiquen un apoyo real para enfrentar riesgos y necesidades.