La máxima autoridad del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha admitido por estos días que en Chile no hubo violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos, en el contexto del estallido. Reconoce que las instituciones del Estado no se pusieron de acuerdo para ese propósito.

Sí, se ha retractado. Porque hace dos años firmaba una carta en la que se aseveraba exactamente lo contrario, exigiendo la expulsión de Sergio Micco, dos semanas antes de que expirara su período como director. Su cambio de opinión es una buena noticia para Chile, pero no restituye el daño causado.

Degradado en su imagen ante el mundo, el país enfrentó durante meses, años tal vez, un clima de odio, la desconfianza en Carabineros y en las Fuerzas Armadas, la infamia contra un gobierno. Pocos hechos más lesivos para una democracia y su ciudadanía que la irrupción, de la noche a la mañana, de una realidad distorsionada, en la que el Estado persigue inocentes.

No hay reparación para esa grieta, que quedará ahí, en un opaco espacio de la historia. Tampoco para el daño moral causado a las autoridades, acusadas constitucionalmente y enfrentadas hoy a querellas, fundadas en esa “sistematicidad”.

Para entender de dónde surge la acusación de atropellos “sistemáticos”, debe despejarse cualquier atisbo de ingenuidad. No bastaba con denunciar excesos o transgresiones a los protocolos, se necesitaba instalar una posverdad que recreara un delirio. El propósito era negar la vocación democrática del presidente Sebastián Piñera y de quienes formábamos parte de su gabinete, poner sobre los hombros de la derecha chilena del siglo XXI la peor de las acusaciones.

Chile ha avanzado en las últimas décadas en el reconocimiento institucional de la dignidad de la persona humana y en el respeto a sus derechos esenciales. Dejó de ser monopolio de la izquierda, cuyo costado más radical, por cierto, ha perdido toda credibilidad cuando abraza hoy al régimen de Maduro y mantiene una estrecha amistad con las dictaduras de Cuba y Nicaragua.

El problema que enfrenta el INDH, por tanto, no es la misión para la cual fue creado, que era consagrar esos avances en una institución autónoma a prueba de sesgos. Su utilización reiterada para discursos ideológicos, el abuso de sus funciones, la legitimación de la violencia durante el estallido, lo han desacreditado. Tal vez se esté reparando en ese problema y sea la razón del cambio de posición de su actual directora.

La apropiación de causas y de las instituciones que las representan no es nueva. Ha ocurrido con el Ministerio de la Mujer, cuando en nombre de los derechos de las mujeres se impulsan decisiones ideologizadas, coherentes para un pequeño grupo y muy lejanas para una mayoría. No nos extrañemos que un sector de la derecha persista, sotto voce, con la idea de cerrarlo.

Muchos nos alegramos de la reivindicación de Sergio Micco, contra quien se echó a andar la máquina de la cancelación, la funa, la humillación, por plantear la verdad e impedir que se pusiera a Chile a la altura de las dictaduras. Se le exige a la política valentía, casi siempre se paga por ella un alto costo. Es importante tenerlo presente, para que deje de ser una excepción y vuelva a formar parte del actuar constante y propio de quienes representan intereses públicos.

Vamos cerrando el capítulo del estallido. Como señala el exministro Gonzalo Blumel en una entrevista publicada ayer en estas páginas, el de Consuelo Contreras “es un reconocimiento tardío pero valioso, porque termina por derrumbar el corazón del relato octubrista”.